Una medida de represión de manifestaciones populares que termina produciendo veinticinco muertos es un hecho criminal que deberá ser investigado con prioridad y sus responsables, sancionados con el máximo rigor. No podemos exigir menos. Dicho eso, también es necesario señalar que llamar dictadura al gobierno que cometió ese abuso, por terrible que haya sido, es un exceso verbal peligrosísimo.

Por esa vía, cualquier régimen con algún rasgo o gesto autoritario (episódico o no) puede ser fácil y engañosamente equiparado a dictaduras reales, como, por ejemplo, la de Alberto Fujimori, la cual sí fue un aparato meticulosamente armado para violar derechos, acallar opositores y asesinar extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo, cosa que no es, ni de lejos, la tambaleante estructura que encabeza Dina Boluarte.

Y el exceso verbal es más evidente cuando recordamos que a nadie se le ocurrió calificar de dictador, por ejemplo, al expresidente Alan García, a pesar de los veintitrés policías y diez nativos muertos durante el Baguazo y, menos, cuando, en su primer gobierno, las fuerzas armadas (de las cuales era comandante supremo) aniquilaron extrajudicialmente a 296 reclusos amotinados en diversos penales del país. ¿Por qué? Porque no era un dictador, como tampoco lo es Boluarte, y usar el término para nombrar a cualquier gobernante que usa la fuerza para reprimir al pueblo vacía de contenido y quita gravedad al concepto de dictadura, tanto como llamar “terrorista” a cualquier vándalo que causa destrozos en medio de una protesta social.

Las palabras importan y prostituirlas solo favorece a aquellos a los que se pretende descalificar. Por eso, un consejo para la siguiente campaña: moderen el lenguaje, busquen los términos precisos, huyan del cliché tremendista.

La dictadora y el terruqueo

“A nadie se le ocurrió calificar de dictador al expresidente Alan García, a pesar de los veintitrés policías y diez nativos muertos durante el Baguazo”.