Alerta. Cuatro personas o representantes de instituciones que han sido atacadas por el grupo autollamado ‘La Resistencia’, entre otros extremistas, consideran que se sienten envalentonados porque la Policía no los detiene pese a cometer, en flagrancia, el delito de acoso. Señalan que además cuentan con el apoyo de personas con mucho poder.
“No hay acusación en el MP y menos sentencia por acoso”
Avelino Guillén, exfiscal y exministro del Interior
Ellos realizan una serie de actos delictivos con la total seguridad de que no les pasará nada. Tienen la convicción de que los hechos delictivos que perpetran no van a tener una consecuencia penal.
Esto se corrobora en que no existe ninguna acusación en el Ministerio Público, y menos una sentencia, en relación al delito de acoso, en el cual están incurriendo reiteradamente desde hace varios años.
Es tal su convicción de que no les pasará nada que anuncian la fecha, hora y lugar donde van a cometer el delito. Y después difunden videos celebrando su accionar. Y la Policía mira cómo se comete el delito sin hacer nada, aunque estén atacando el local del Instituto de Defensa Legal y de Rosa María Palacios.
Y son respaldados por varios partidos con asiento en el Congreso de la República. Por eso tienen la convicción de que sus conductas no tendrán una condena penal.
El Ministerio Público tiene responsabilidad porque da la impresión de que no consideran estos hechos como un delito, sino como una especie de libertad de expresión airada, pero no lo es. En este caso se configura el acoso porque se trata de una acción continua, reiterada, de hostigar, perseguir, insultar a una persona, atribuyéndoles conductas falsas. El acoso causa grave daño a la salud mental de las personas.
“Tienen financiamiento económico”
Gisela Ortiz, familiar de La Cantuta y exministra de Cultura
Tienen redes que pueden llegar hasta los altos mandos de la Policía, pues no actúan como deberían para detenerlos en flagrancia. Parecería que hay una orden de muy arriba para proteger a ‘La Resistencia’ y otros grupos similares. Por eso actúan en distintos distritos: en Miraflores, frente a la casa de Rosa María Palacios; en San Isidro, frente al IDL; en Lince, frente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; en Jesús María, frente a Aprodeh. Para ese nivel de desatención de la Policía, tiene que haber un mando superior de todo Lima que les diga “no hagan nada”.
Lo otro es que tienen financiamiento económico. Se ve siempre al mismo grupo de personas que en horario de trabajo salen a hacer sus plantones y acciones que no son para expresar su opinión, sino para insultar, difamar y agredir, física y psicológicamente. Esa es su forma de trabajo. Hasta ahora no se ha podido determinar quiénes los financian, aunque se ha visto una vinculación muy amical con algunos sectores políticos, como el fujimorismo y Renovación Popular. Se les ha visto en fotografías en redes sociales con dirigentes de esos partidos.
Lo concreto es que la impunidad con la que operan los últimos años ha hecho que se sientan fortalecidos, envalentonados para ir a atacar, incluso, lugares públicos como el Lugar de la Memoria o el Ojo que Llora, así como a tratar de impedir la presentación de libros vinculados a los derechos humanos.
“Están protegidos por fuerzas con mucho poder”
Gloria Cano, abogada de Aprodeh
Están protegidos por fuerzas que tienen mucho poder en el Congreso, el Ejecutivo, y hasta municipal.
Incurren en diversos tipos de delitos: acoso, contra la tranquilidad pública. En el caso de Gustavo Gorriti, hay acoso, porque están tratando de intimidar, de impedir el normal desarrollo como periodista y como persona. Están tratando de cargar un estigma social, de impedir su derecho de desplazamiento.
Las acciones contra Aprodeh no han sido tan insistentes como las del IDL, pero cuando ha habido hemos dado parte a la Policía y al Ministerio Público, pero lamentablemente para este último ‘La Resistencia’ no es una organización criminal, sino una banda, y por eso derivaron el caso a una fiscalía común.
La Subprefectura me ha dado garantías porque, cuando ese grupo se ha acercado a la oficina, ha llevado mi foto, con insultos, lanzando amenazas contra mi integridad. Solicité las garantías para que no perturben mi tranquilidad ni mi labor profesional. Ahora que la Subprefectura ha notificado al Ministerio del Interior, espero que, si se vuelven a acercar, la Policía actúe, porque antes no lo ha hecho.
El municipio tampoco actúa. Seguramente que, si salgo a hacer la misma bulla que esos grupos, me ponen una multa, pero a ellos no les pasa nada.
“A pesar de la flagrancia, la Policía y Fiscalía no cumplen su labor”
Juan José Quispe, abogado del IDL
No solo es ‘La Resistencia’. Se ha formado un grupo de personas que se autodenominan ‘Los Combatientes’, ‘Demócratas’ y demás, que actúan impunemente a pesar de que está la Policía. Y a diferencia de las protestas sociales, no los retiran a pesar de que son grupos beligerantes y que Gustavo Gorriti tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hay una transgresión del Estado. En enero ‘La Resistencia’ ha venido a IDL seis veces, ya van dos en febrero. La Policía no actúa a pesar de que hay un acoso sistemático, coordinado, de estas personas que van a la institución a cualquier hora y lanzan frases difamatorias, llamándonos terroristas, delincuentes. Y eso va más allá del derecho a la protesta.
A pesar de la flagrancia del delito, la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito no están cumpliendo con su labor. Lo máximo que ha hecho, y a pedido de nosotros, el lunes pasado que vinieron, fue realizar un control de identidad a cuatro de las 15 personas que vinieron, y que estaban con máscaras. Y, más bien, nos dijeron que entremos a la institución y no salgamos porque los estamos provocando, cuando ellos estaban obstruyendo el libre tránsito. Si desde la cabeza, como es el ministro del Interior o el comandante de la Policía, no hay una disposición expresa, los efectivos van a seguir permitiéndoles gritar frases discriminatorias o que van contra la integridad moral, convirtiéndose en un acoso sistemático flagrante.
