La Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) ha propuesto una serie de medidas administrativas para gestionar los servicios de inteligencia artificial generativa (IAG) mediante un borrador compartido este martes en su página web.
El texto explica que el documento tiene “el fin de promover el desarrollo saludable y la aplicación estandarizada de la tecnología de IAG, de conformidad con la Ley de seguridad de la red de la República Popular China y otras leyes y reglamentos” del país asiático. Asimismo, el objetivo de hacerlo público es que los ciudadanos lo lean y envíen sus comentarios y sugerencias hasta el próximo 10 de mayo.
Compuesto por 21 artículos, el borrador indica que el contenido generado por dicha tecnología debe reflejar los valores fundamentales del socialismo y no incitar a la subversión del poder estatal, el derrocamiento del sistema socialista, la división del país, socavar la unidad nacional ni promover el terrorismo, el extremismo, el odio y discriminación étnica, la violencia, la información obscena y pornográfica y las informaciones falsas o contenidos que puedan perturbar el orden económico y social.
Asimismo, la tecnología deberá respetar los derechos de propiedad intelectual y la ética comercial, no utilizar ventajas tales como algoritmos, datos y plataformas para promover la competencia desleal, ni tampoco adquirir, divulgar o hacer un uso ilegal de información personal, privada y secretos comerciales.
Sanciones económicas
También especifica que antes de utilizar productos de IAG para prestar servicios al público, será obligatorio presentar una evaluación de seguridad al departamento de información de la red nacional de conformidad con la actual legislación china. Además, los usuarios tendrán que proporcionar su identidad real a las autoridades competentes.
Por otro lado, el proveedor deberá establecer un mecanismo para recibir y atender las quejas de los usuarios y dispondrá de un plazo de tres meses para solventar los problemas relacionados con contenidos que incumplan la futura normativa.
La legislación —que se prevé que entre en vigor en 2023— contempla sanciones económicas de entre 1.452 y 14.522 dólares para quienes se nieguen a corregir las infracciones o cometan faltas “graves”. En caso de una violación de la gestión de la seguridad pública, se sancionará conforme a la ley y si supone un delito, será investigado y podría acarrear responsabilidad penal.
