Al día siguiente, un comunicado de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) responsabilizó del crimen a las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y anunció medidas de fuerza hasta que se capture a los autores del crimen.
“El ministro del Interior sabía de las amenazas”
Al respecto, Fabián Antúnez, presidente de la CART, en diálogo con RPP Noticias, indicó que días antes del crimen habían alertado de las amenazas que recibía el dirigente, pero el Estado no habría tomado medidas de forma oportuna.
“El día 24 de marzo fui a hacer una disposición al ministro del Interior (…), le hemos informado de la preocupación de nosotros de que estamos siendo amenazados por el narcotráfico. Ahora estamos 10 de abril, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esta muerte pudo haberse evitado si estuviera presente el Estado acá, dándonos el respaldo a las comunidades nativas. Pero, por la dejadez del Gobierno ocurrió este hecho”, señaló.
En ese sentido, indicó que todos los dirigentes han sido amenazados y que el Estado no ha dispuesto ninguna medida de protección para ellos.
“Todos hemos recibido amenazas y el ministro del Interior lo sabe porque le hemos dicho que recibimos amenazas tanto mi persona como el Comité de autodefensa, el señor Contoricón que ya lo asesinaron (…) Todos ellos tienen amenazas”, sostuvo.
Además, Antúnez dijo que el asesinato de dirigentes indígenas es algo reiterativo.
“El año pasado fue el tema del profesor Rumiche que lo mataron en Pangoa y quedó en nada. El tema de Gonzalo Pío que lo mataron en Satipo y también quedó en nada. El jefe de la comunidad nativa de Yanapate, en la cuenca del Río Tambo, también lo mataron y quedó en nada”, recordó.
Medidas de fuerza
Ante esta situación, el presidente de la CART indicó que, desde hoy, la comunidad bloqueará todos los accesos a la localidad hasta que una comisión de alto nivel se haga presente en Río Tambo.
“Hoy a las 6pm., se cierran todas las vías de acceso a la ciudad Atalaya, tanto vía fluvial como terrestre. Va a ser inmovilización hasta que el premier y los ministros del Interior, de Defensa, y de Justicia vengan y queremos dialogar con ellos, preguntarles cuál es el plan de seguridad de la declaración de emergencia en el VRAEM para las comunidades indígenas de la cuenca del río Tambo. Queremos ver el plan”, indicó.
En su comunicado, la central asháninka exigió que el premier y los referidos ministros “se hagan presentes en 48 horas” en la comunidad nativa de Puerto Ocopa “para dar explicaciones sobre el abandono y desidia que sufre el pueblo asháninka”.
Asimismo, exigieron el “retiro inmediato” de “todos los oficiales de la base de la Marina de Guerra del Perú” en dicha localidad “por no cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad y protección a la población” y, presuntamente, “permitir la circulación de naves trasladando cocaína e insumos químicos para el narcotráfico”.
También anunciaron un plazo de “48 horas” para el “retiro de todas las personas foráneas” de Puerto Ocopa y Puerto Chata.
A su vez, exigieron a la Fiscal de la Nación que, “en un plazo de 48 horas”, informe sobre el avance de sus investigaciones sobre el asesinato de Santiago Contoricón.
Fuente: RPP
