La reciente condena al ex capitán del Ejército Peruano Daniel Urresti por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustios en Huanta, Ayacucho, en 1988, nos da tres mensajes muy actuales.
El primero, es que los intentos de algunos sectores conservadores por borrar la memoria de nuestros pueblos, no ha borrado ni los hechos ni las consecuencias del conflicto armado interno que en el Perú existió. Entre los hechos, la condena nos recuerda que junto a las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso, hubieron atrocidades perpetradas por integrantes del Ejército Peruano. Ambas dejando a ciudadanos y comunidades enteras como víctimas.
En la cuenca del Alto Huallaga, por ejemplo, aún hay mucha memoria por recuperar, con algunos verdaderos “carniceros del Huallaga” impunes todavía. Dada la renuencia de autoridades políticas a contribuir con espacios de memoria, expedientes judiciales como el de la condena comentada, son fuente importante para completar el gran relato de esa etapa de nuestra historia que nuestros pueblos necesitan y merecen.
El segundo mensaje que nos deja esta condena es que cuando existen pruebas contundentes y denuncias que se hacen valer ante instancias fiscales y judiciales independientes, la justicia puede llegar, aunque sea tarde. Esto es una advertencia para el personal policial y militar autor de asesinatos y lesiones graves a ciudadanos y ciudadanas en diferentes partes del país, principalmente Andahuaylas, Angaraes, Huamanga, Juliaca, Cusco y Lima. Los policías y militares que han disparado contra civiles, así como los tenientes, capitanes y comandantes con mando directo en las operaciones represivas deberían saber que la justicia los alcanzará.
A diferencia del asesinato de Hugo Bustios, donde los hechos condenatorios se han fijado sólo con el conjunto de testimonios y documentos recabados en 34 años de investigaciones y procesos, hoy tenemos, además de suficientes testimonios para cada asesinato, videos que los han evidenciado sin dejar duda alguna de las circunstancias en que se han cometido. Esto con independencia de las responsabilidades mediatas que deberán llegar a los ministros y a la presidenta ilegitima por su renuencia a hacer efectiva responsabilidad alguna por las 50 personas asesinadas por policías o militares, así como por los 6 soldados enviados a morir ahogados. Al respecto, sería bueno que el personal en el terreno se acoja a mecanismos de colaboración eficaz para colaborar con la justicia y disminuir sus eventuales sanciones.
En ese sentido, un tercer mensaje útil para estos tiempos de crisis institucional y política, es la importancia de preservar despachos fiscales y judiciales, así como una Defensoría del Pueblo, con independencia de los poderes fácticos u organizaciones de lavado de activos. Dichos despachos y la mencionada institución son una de las pocas garantías que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para proteger nuestros derechos y luchar contra la corrupción y la impunidad. Y por ende, hemos de defenderlas contra las organizaciones de lavado de activos u otros poderes fácticos que han penetrado el Congreso, parte del Ejecutivo y otros despachos de la magistratura.
En suma, la condena de Daniel Urresti nos muestra que memoria histórica sigue viva, que la justicia puede llegar y que para que esto suceda, hemos de mantenernos atentos apoyando el trabajo de quiénes guían su accionar por el hambre y sed de justicia, así como por la promesa de que serán saciados.
