Cuando el presidente colombiano Gustavo Petro convocó a finales de marzo a una Conferencia Internacional para tratar exclusivamente el tema Venezuela, se esperaba la participación de los actores en conflicto durante el evento, lo que ahora ha sido descartado.
Así lo anunció la semana pasada el canciller colombiano, Álvaro Leyva, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU): en esta “etapa” no habrá presencia de delegaciones del gobierno ni de la oposición venezolana.
El pasado domingo, el canciller realizó una “reunión preparatoria” con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con quién ultimó detalles para el evento que se llevará a cabo en Bogotá el 25 de abril y contará con la participación de unos 15 países, entre ellos EE.UU., Canadá y varios Estados latinoamericanos y europeos, además de la Unión Europea.
De la misma forma, la Plataforma Unitaria (PU) –coalición de varios partidos opositores y actor protagónico en la mesa de negociaciones– confirmó que antes de la cumbre serán atendidos por Petro en Bogotá para una reunión de trabajo.
En medio del estancamiento de las negociaciones en México, se pueden generar dudas sobre la efectividad de la Conferencia, especialmente debido a la ausencia de las partes.
No obstante, a medida que se acerca la reunión en Bogotá se va develando el propósito real del encuentro, que no se centra en intentar sentar a las partes a negociar sino en un punto que no termina de destrabarse: el ablandamiento de la política de sanciones de EE.UU. contra el gobierno de Maduro.
Y así lo ha develado el propio Petro este lunes, en la sede de la ONU en Nueva York: “El objetivo de la cumbre en Bogotá es que no haya sanciones y que haya mucha más democracia”.
Tanto el Gobierno como la oposición venezolana han demostrado ser actores imposibilitados de cumplir acuerdos, si la principal fuente de discordia no acepta las nuevas condiciones del conflicto: una Latinoamérica que gira a la izquierda y un Maduro sólido en el poder.
En el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en México el pasado 26 de noviembre, se estableció el desbloqueo de unos 3.000 millones de dólares, que serían gestionados por la ONU para ayuda humanitaria y servicios públicos en el país.
Este compromiso no ha podido ser cumplido por la oposición, debido a la negativa de Washington de dar un giro decisivo a su agresiva estrategia de bloqueo financiero contra el gobierno de Maduro.
El presidente venezolano mostró un gesto de apertura importante después de una cumbre en París, a mediados de noviembre del 2022, cuando el mandatario francés, Emmanuel Macron, y sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, junto a la canciller noruega Anniken Huitfeldt, lograron sentar a las partes y reactivar el diálogo en México.
Así, volvieron las respectivas comisiones a México a finales de noviembre, dónde la oposición se comprometió a pedir el mencionado desbloqueo de fondos retenidos por órdenes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), algo que no sucedió y que es el argumento central de Caracas para rechazar un nuevo capítulo de diálogo en México.
El asunto es que la administración del presidente Joe Biden, si bien ha dado algunos pasos tímidos pasos con Venezuela en relación a las licencias para la reactivación de la empresa petrolera Chevron en el país caribeño, no ha querido avanzar en el desmontaje de la pesada arquitectura de sanciones que dejó establecida el expresidente Donald Trump durante su mandato.
La causa del estancamiento en el diálogo, por ahora, se relaciona con que el gobierno estadounidense no ha producido decisiones firmes para dar luz verde a que los bancos –que represan los recursos de Venezuela– permitan su flujo y se pueda cumplir con los acuerdos rubricados.
Así las cosas, la cumbre convocada por Petro puede tener éxito en la medida que ejerza presión sobre Washington y éste acceda al pedimento central de la descongelación de recursos propios del Estado venezolano (que serían gestionados por la multilateral), y a partir de una decisión en ese sentido, tratar de volver a sentar a las partes en México para seguir cumpliendo con la agenda de negociaciones.
Hasta tanto EE.UU. no produzca una decisión más firme al respecto, no pareciera que pudiera destrabarse el conflicto y por ello, aunque no participen los actores venezolanos en pugna, el éxito o fracaso de la reunión podrá medirse en torno a la actitud que lleva la administración Biden. La participación de Washington, a decir de Leyva, parece ser un hecho.
Cuando a finales de marzo el despacho de Petro anunció la conferencia internacional, el encargado para América Latina del departamento de Estado, Brian Nichols, declaró al día siguiente su intención de acudir a la cita. Pero hasta ahora no se ha confirmado cuál funcionario de EE.UU. estaría presente. Es posible que dicha decisión termine cocinándose en la visita que Petro realizará al presidente estadounidense Joe Biden, y en la que se da por descontado que se tratará el tema de la Conferencia. De este modo, Petro trata de convencer a Biden de la necesidad de destrabar el juego en las negociaciones con el gobierno de Venezuela y superar de algún modo el escenario belicoso que Washington mantiene con Caracas. De lograrlo, se anotará un punto diplomático y de liderazgo regional que beneficia no solo al pueblo venezolano sino a la región toda. Habrá que esperar los acontecimientos
