Según el Ministerio del Ambiente (Minam), en el país se han identificado alrededor de 1 200 000 hectáreas de ecosistemas degradados en zonas altas de las cuencas, los cuales se deben recuperar porque han perdido su capacidad para almacenar y distribuir agua, regular inundaciones, estabilizar laderas y proteger a las poblaciones de las partes bajas de esos territorios.
Al respecto, el director general de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Minam, Rodrigo García-Sayán, informó que las cuencas más afectadas y con mayor urgencia de intervención, debido a la intensidad de las lluvias, están en La Libertad (82 816 ha), Piura (79 040 ha), Ancash (57 857 ha), Lima (45 356), Lambayeque (43 731 ha) y Tumbes (14 639 ha).
Esos territorios han sido deteriorados por causa natural o por acción humana, lo que ha ocasionado la afectación de sus servicios ecosistémicos y la disminución de sus funciones básicas.
García-Sayán refiere que la inadecuada ocupación en el territorio, las actividades humanas y la planificación de las ciudades sin considerar escenarios extremos del clima, incrementan la vulnerabilidad que pone en riesgo la vida de las personas y sus medios de vida, así como la inversión pública y privada.
“Los gobiernos regionales y locales deben trabajar con urgencia en la ocupación poblacional segura y sostenible a partir de la implementación de los procesos de ordenamiento territorial”, acotó.
En ese sentido, el Minam coordina acciones conjuntas con los municipios para ejecutar estrategias con un enfoque territorial integral, fomentando la inversión en infraestructura natural en zonas donde se originan los desastres e implementar medidas de prevención ante posibles inundaciones y huaicos.
Con esa visión se han diseñado propuestas de prevención y reducción del riesgo de desastres para cuencas y quebradas como es el caso del Rímac, Lurín y Chillón (en Lima), que albergan la mayor población del país.
Las medidas incluyen soluciones basadas en la naturaleza como la revegetación, control de hendiduras en el suelo (cárcavas), reforzamiento de barreras vivas y de las amunas; implementación de zanjas de infiltración y de sistemas de diques con materiales de la zona, entre otras. Estas se ejecutan en las partes altas de las cuencas y laderas para regular los efectos de las lluvias extremas y la fuerza destructiva del deslizamiento del agua.
“Con esto se contribuye a asegurar la sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura física (muros de contención y defensas ribereñas), complementada con vegetación nativa (bosque ribereño), para regular eficientemente el agua y proteger el cauce del río y a las poblaciones”, añadió García-Sayán.
