La expremier y los exministros, a quienes se les imputa su presunta coautoría en el delito de rebelión tras el golpe de Estado del 2022, tendrán comparecencia con restricciones y deberán pagar una cuantiosa multa
El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino, investigados por rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Los tres exfuncionarios Pedro Castillo —expresidente que perpetró un autogolpe de Estado en diciembre del 2022— fueron denunciados por la Fiscalía, meses atrás, por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en calidad de coautores.
El juez Juan Carlos Checkley impuso a los tres procesados la medida de comparecencia con restricciones con reglas de conducta, y el pago de una caución económica de 100 mil soles a Chávez, 80 mil soles a Huerta y 50 mil soles a Sánchez.
En la sesión anterior, Chávez Chino —desaforada del Parlamento tras aprobarse una acusación constitucional en su contra— manifestó que cuenta con arraigo laboral y domiciliario.
Manifestó que actualmente brinda asesoría legal a dos empresas en Tacna, región por la que fue electa, y que reside en una vivienda determinada junto a sus padres.
Erwin Siccha, abogado de la ex titular del Gabinete Ministerial, aseguró días atrás que respetarán la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, señaló que no fue “sorpresivo” el pedido del Ministerio Público y calificó el requerimiento como un “abuso y exceso que se hace de la institución procesal”.
“Nuestra voluntad es someternos a las decisiones jurisdiccionales, que son imparciales, y que se deben tomar sin consideraciones políticas. Es claro que la decisión jurisdiccional que se asuma, la vamos a acatar. Creemos que la decisión justa implica rechazar este requerimiento de prisión preventiva por no tener una mayor fundamentación”, indicó a RPP.
El letrado también afirmó que “la cárcel no se la merece absolutamente nadie hasta que no se acredite su culpabilidad mediante sentencia firme, pues es un principio básico que rige en todas las sociedades democráticas”.
La Fiscalía, sin embargo, cuenta con los testimonios de al menos dos testigos. Uno de ellos, una reportera de TV Perú, manifestó que la ex primera ministra le anunció que desarrollaría un decreto supremo después del mensaje de Castillo Terrones.
“Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, indicó a los fiscales del caso, según Panorama.
Fuente: Infobae
