Hace unos días conversaba con una querida amiga sobre un par de comunicados que fueron publicados en las últimas horas. Uno exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el llamado a elecciones (dos de las demandas exigidas por el Perú movilizado a la que falta el pedido por una Asamblea Constituyente) y que es una buena noticia pese a su tardanza. Siempre será una buena noticia que el frente democrático se siga ensanchando. Sabemos también que de comunicados no se ganan las luchas y, por tanto, esperamos ver los pasos siguientes al buen gesto de este fin de semana, por ejemplo, sumándose a las movilizaciones de mayo previas a la Tercera Toma de Lima programada para julio y defendiendo la protesta como derecho y como acción democrática en todos los espacios mediáticos a los que muchos firmantes de dicho comunicado pueden acceder.
Esa será la mejor de las noticias. Esa es, en buena cuenta, la responsabilidad de quienes cuentan con cierto capital simbólico que hoy es necesario en la defensa de la democracia.
Pero había otro comunicado que ha pasado más desapercibido pero no por ello resulta menos interesante. Uno en que se exigía la salida del ahora exministro de Educación, Oscar Becerra, y que solicitaba a Dina Boluarte “el cumplimiento del mandato del Proyecto Educativo Nacional al 2036 y el inmediato retiro del señor Óscar Becerra como ministro de Educación.” Al respecto de este comunicado cabe plantear un análisis pues evidencia una forma de ejercer la oposición a este gobierno desde un entendimiento de la institucionalidad como espacio que puede disociarse del trayecto político de quienes la ocupan. Nada más falso. Creer que a este gobierno -a Boluarte y a la coalición de poderes que cogobierna con ella- se le puede exigir algo más que la renuncia resulta por un lado ingenuo, pero por otro perjudicial para la disputa política.
El problema con la dictadura que vivimos no está en uno o dos ministerios, ni en unos cuantos espacios de ejercicio del poder. El problema está en esa coalición de poderes en la que cada uno desempeña un papel para sostener al gobierno autoritario. El poder judicial hace de brazo legal que avala con leyes y argucias una serie de atropellos a derechos y libertades. El poder político avala desde la institucionalidad política al gobierno pese a su propia deslegitimidad como es el caso del Congreso de un dígito de aprobación. El poder económico hace de sostén del régimen utilizando a sus principales portavoces aprovechando el alcance de sus ideólogos disfrazados de técnicos neutrales en la gran prensa.
Así, narran las “bondades” de la estrategia de “pacificación” de una dictadura como la de Boluarte o ponen cifras convenidas sobre la mesa de la agenda pública. El poder mediático -el más poderoso espacio de disputa política actual- hace de principal órgano de propaganda de la dictadura al silenciar mediáticamente a los incómodos o terruquearlos con la finalidad de deslegitimar cualquier acción que impugne al régimen. Cada poder tiene su papel en esa hidra que cogobierna. Y, por eso, no hay ministerio que pueda “mejorarse” porque la institucionalidad está ocupada en su totalidad por el proyecto político que impone la dictadura.
Este análisis que las calles han realizado hace ya más de cuatro meses con una finura y precisión que le ha faltado a muchos de nuestros referentes de análisis local difundidos en la gran prensa, puede parecer abstracto pero no lo es. Una de tantas evidencias la tuvimos ayer en la juramentación de cuatro nuevos ministros que no tienen de nuevo ni el fajín que se colocan en la cintura. Cuatro cambios que muestran por qué a este gobierno no hay nada que pedirle excepto que se vaya y que se vaya con todos los que lo sostienen. Hagamos una veloz radiografía.
UN ENEMIGO DE LA CLASE TRABAJADORAFernando Varela Bohórquez es de aquellos que en redes sociales se sumó al coro falaz contra el cuco del comunismo. No tanto por un tema ideológico, como por su propia conciencia de clase, hoy Varela está cómodo como ministro de una supuesta vicepresidenta “comunista”. Pero lo más relevante de este ministro de TRABAJO es que fue uno de los que criticó y se opuso a la nueva ley de trabajadoras del hogar en el Perú. Una Ley que reconocía derechos a estas trabajadoras que durante tantos años no accedían a ellos por gente como él. Los que precarizan racistamente a las trabajadoras. Un ministro de trabajo enemigo de la clase trabajadora. Así de alucinante.
UN AMIGO DE LOS INVESTIGADOSDaniel Maurate se coloca el fajín de justicia, pero para defender a quienes deberían ser investigados por ella. Daniel Yovera (Epicentro) reveló ayer que no hay una, ni dos ni diez comunicaciones entre este nuevo ministro y los investigados por el caso “Cuellos blancos”, sino 188. Repito: 188. Debería causar más de una sospecha conociendo también de las llamadas entre la Fiscal Benavides y personajes claves de esta misma investigación. Y hay más, otra cosa que asemeja a Maurate de Benavides es lo “bien” que se les da adulterar certificados o títulos: Maurate fue destituido por la DISCAMEC (hoy Sucamec) por adulterar certificados de experiencia laboral y académica. Si el ministerio de Justicia se llamara “de impunidad” al menos serían honestos.
EDUCACIÓN DEL RETROCESOMagnet Márquez tiene de “nueva” lo que yo tengo de rubia. Viene de la época de Chang y de las filas del APRA que ya sabemos lo que significa en el aparato educativo estatal. Pero además, se trata nada menos que de la viceministra de Becerra quien ahora le cede la posta pero con quien comparte el mismo proyecto de país donde la educación es un bastión clave. Márquez también se ha posicionado en favor de retirar al Perú de la CIDH, por ejemplo. Y también lo ha hecho en favor de la pena de muerte. Su nombramiento evidencia que la cartera de educación sigue siendo una cuota de la extrema derecha. Del fascismo peruano. ¿Es posible garantizar educación con el fascismo gobernando? ¿Es posible garantizar cualquier derecho con fascistas? Por eso no podemos hablar de una cartera ministerial, sino de la dictadura.
UN FAN DE VOXDe Juan Carlos Mathews Salazar se habla poco pero su trayectoria es elocuente. Fue viceministro con PPK y, por tanto, podríamos pensar que tenemos a un liberal tecnócrata más en el gabinete. En realidad, lo que tenemos es un disfraz. Basta con mirar su cuenta de tuiter para ver que no se corta en los “me gusta” a tuits de Cavero defendiendo su propuesta de “vouchers educativos” o a un discurso de Santiago Abascal (VOX) de cara al Foro de Madrid en Lima. Todo un fascista disfrazado. De aquellos que señalan que las protestas son un “costo económico” en lugar de un derecho y que una Nueva Constitución es un camino al infierno que “no quiere nadie” pese a las encuestas que muestran lo contrario. Un fiel seguidor de una presidenta que dijo que “Puno no es Perú”.
Alguien podría pensar que en tan poco tiempo Boluarte tiene difícil encontrar mejores cuadros ministeriales. Me temo que a estas alturas no ve el que no quiere ver y, lamentablemente, la ceguera voluntaria se ha vuelto una característica de nuestros tiempos. Lo que vemos con esta veloz radiografía es que no existe ninguna posibilidad de cambio mientras la coalición de poderes en el gobierno no se vaya y para ello la primera ficha a caer es Boluarte. El nivel de desaprobación del gobierno evidencia su deslegitimidad, pero también su incapacidad de gobernar. De ahí que no tengan otra opción que apoyarse plenamente en los poderes que le dan sostén y, en esa triangulación, el papel de las extremas derechas es notorio.
La cesión de facultades educativas por parte del exministro Becerra a Rafael López Aliaga era un aviso a navegantes. No tienen cómo gobernar un país que los repudia mayoritariamente y por eso disfrazan de gestión el desmembramiento del Estado. Pero no lo hacen sin pensar, sino estratégicamente pues ceden facultades -por tanto, poder- a esa extrema derecha que es hoy el principal aliado del gobierno y que no está sólo en la Municipalidad de Lima. Esa extrema derecha está mostrando que tenía músculo en toda la institucionalidad peruana. El poder mediático tiene a la ultraderecha entre sus filas vía Willax o cada vez que el Grupo El Comercio legitima sus discursos y a sus voceros.
El poder judicial tiene a miembros cómplices de esa ultraderecha y trabajando para ellos aportando elementos que les garanticen impunidad. El poder económico ha demostrado sentirse más cómodo con el fascismo que con una alternativa democrática que aun cuando mediocre pueda suponer algún tipo de cambio al modelo. Y por eso, no podemos hablar de ministros de la extrema derecha, sino de la extrema derecha gobernando y poniendo, también, a algunos ministros.
En este contexto de evidente envalentonamiento del sector reaccionario, se agradecen gestos que ensanchen el único frente que puede detenerlos: el frente democrático. Para ello, el objetivo ha de estar en el gobierno y no en determinados sujetos creyendo que se trata de manzanas podridas en un árbol sano. Lo podrido es el árbol. Un árbol que no se pudre desde diciembre, sino desde hace mucho y que, por lo mismo, nos debería también hacer reflexionar sobre si necesitamos fuera a Dina Boluarte por quien es y no por lo que ella hoy representa: la restauración total del régimen del 93 que nunca se fue. Se mantuvo sin Fujimori a la cabeza.
Sólo así estaremos a la altura de ese Perú movilizado que sigue demostrando ser la verdadera avanzada democrática y cuyas demandas son de sentido común y están convenciendo hoy hasta a quienes dudaban. Sólo así estaremos a la altura de ese Perú movilizado que ya apunta el camino democrático señalando que no sólo es Boluarte, es todo lo que Boluarte representa y, por lo mismo, que el adelanto electoral es un camino inmediato necesario, pero no un destino final si lo que queremos de verdad es democracia y no la repetición de una transición inconclusa. No toca “volver”, toca construir lo nuevo
