Gremios periodísticos rechazan decisión del Poder Legislativo que atenta contra ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
El pleno del Congreso de la República, sin debate previo, aprobó por mayoría el proyecto de ley 2862 que eleva las penas por los delitos de difamación y calumnia realizados a través de los medios de comunicación.
La iniciativa presentada por la bancada de Perú Libre modifica el Código Penal para elevar la sanción, así como el Código Civil para incrementar los montos de reparación civil por el daño al honor causado por el querellante.
Este dictamen de la Comisión de Justicia fue aprobado en primera votación con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. Las bancadas con votos unánimes a favor fueron de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial, Renovación Popular y Perú Bicentenario.
La iniciativa legislativa precisa que, si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años, con 90 a 120 días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.
Asimismo, se indica que, si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 120 a 365 días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.
El texto aprobado también modifica el Código Civil y establece indemnización por daño contra el honor para quien “por dolo o culpa causa daño al honor de otra persona está obligado a indemnizarlo”.
De conformidad al Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será sometido a segunda votación transcurrido los 7 días calendarios.
En los últimos cinco años, 150 periodistas han sido acusados de difamación, una acción penal “por la que optan quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público”, advirtieron gremios periodísticos.Gremios periodísticos rechazan decisión del Congreso
Ante esta decisión, sin expresar ninguna justificación y con la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, los gremios periodísticos peruanos expresaron su preocupación ante esta nueva arremetida del Poder Legislativo contra el ejercicio periodístico en el país.
En ese sentido, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que esta decisión va en contra de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la incompatibilidad con la libertad de expresión, sancionar como delito los discursos que recaen sobre funcionarios públicos.
“Se trata claramente de un amedrentamiento a la prensa que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por políticos representados en el Congreso y por los propios congresistas. La más reciente, el recorte obligatorio del sueldo de trabajadores del Congreso por parte de congresistas”, sostuvo. Pereira.
Es así que este gremio periodístico rechazó el resultado de la votación en el Congreso por tratarse de un proyecto ley peligroso que afecta directamente la libertad de prensa. Considera además que su aprobación forma parte de una tendencia orientada a perjudicar la labor fiscalizadora de la prensa por parte de políticos que se incomodan con ella.
En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) exigieron al Ejecutivo observar la iniciativa legislativa que busca aumentar las penas a los delitos de difamación y calumnia realizados a través de medios de comunicación.
En un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión indicaron que, en los últimos cinco años, 150 periodistas han sido acusados de difamación, una acción penal “por la que optan quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público”.
Asimismo, las dos entidades consideraron que el proyecto puede facilitar la impunidad de las autoridades y funcionarios, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano, por lo que exigen al Ejecutivo, en caso de que el Congreso ratifique en segunda votación el dictamen, observar la disposición en aras de la transparencia y en respeto al libre ejercicio del periodismo en el país.
