Retrocesos. Congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, APP y Avanza País sustentan hoy proyectos para modificar el artículo 99 de la Constitución, a fin de poder acusar a jefes de ONPE, JNE y Reniec por infracción constitucional. La CIDH ya instó al Perú a evitar medidas que afecten la independencia del sistema electoral.
Seis parlamentarios de las bancadas de la derecha sustentarán hoy sus propuestas para someter al sistema electoral, a través de una reforma constitucional que le permitirá al Congreso acusar a los titulares de los tres organismos electorales, con la eventual consecuencia de poder suspenderlos e incluso inhabilitarlos.
En concreto, el Parlamento busca modificar el artículo 99 de la Constitución, a fin de incorporar a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el bloque de autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente.
Es decir, si esta reforma prospera, el Congreso podrá acusar a los titulares de la ONPE, el JNE y Reniec, para luego poder sacarlos de sus cargos, básicamente, por la imposición de votos por supuestas infracciones constitucionales.
Los seis proyectos que serán sustentados hoy tienen como autores a Patricia Juárez (Fuerza Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País), Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y tres legisladores del grupo Acción Popular: Luis Aragón, Elvis Vergara y Wilson Soto.
Luego de esta sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra (Fuerza Popular), podrá dar el paso siguiente de formular la propuesta de predictamen para su aprobación y envío al Pleno. Por ser una reforma constitucional, se requiere de 87 votos en dos legislaturas consecutivas.
Propuestas con matices
De los seis proyectos, dos apuntan a incluir también como sujetos de acusación por infracción constitucional a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia clave en la designación, evaluación y ratificación de los jueces y fiscales. Dichos proyectos son de Patricia Juárez (FP) y Elvis Vergara (AP).
La diferencia en el caso de este último es que propone únicamente antejuicio político para los jefes del JNE, ONPE y Reniec. Es decir, no contempla procesos por supuesta infracción constitucional.
Sin embargo, la mayoría sí apunta a incluir procesos por infracción constitucional contra los miembros de los órganos electorales, para que el Congreso pueda sacarlos de sus cargos por la fuerza de sus votos.
Infografía – La República
Contra la CIDH
Beatriz Ramírez, especialista en derecho constitucional, advierte que establecer “la posibilidad de infracción constitucional abre el margen de control político amplio del Congreso frente al sistema electoral”.
La abogada también recalca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas, también recomienda al Perú evitar este tipo de reformas, pues podría “generar mella en la autonomía electoral”.
En efecto, son dos las recomendaciones que hace la CIDH al Gobierno peruano, en relación con los organismos electorales. Por un lado, pide “tomar medidas con el objeto de reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado, a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos (…) y del sistema electoral”.
La segunda recomendación es más específica: “Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral”.
Este pronunciamiento surge precisamente a partir de que la CIDH tomara conocimiento de los proyectos de reforma que hoy serán expuestos en la Comisión de Constitución. Los legisladores han optado por hacer oídos sordos a la exhortación de la instancia supranacional.
Conflicto de intereses
Por su parte, José Naupari, especialista en derecho electoral, considera que, a diferencia de otras autoridades como los miembros del TC o los vocales supremos, que pueden ser sometidos a procesos constitucionales, podría haber un conflicto de intereses al someter a este proceso al presidente del JNE, en tanto la mayoría de legisladores son, a su vez, militantes de partidos políticos. “Los congresistas estarían haciendo de juez y parte”, advierte.
Fuente: La República
