La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), admitió las denuncias contra las parlamentarias María Acuña Peralta (APP), Magaly Ruíz (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y Rosio Torres (APP), acusadas por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores. Hasta la fecha, ya son siete los casos de parlamentarios ‘mocha sueldos’ registrados en el actual Parlamento.
Este grupo de trabajo que preside la parlamentaria, Lady Camones (APP), iniciará las indagaciones contra las congresistas, a las que ya investiga la Fiscalía por el presunto delito de concusión.
Tras su aprobación a trámite, las denuncias pasarán a la Comisión Permanente, instancia en la que deben otorgar un plazo para la indagación por 15 días a ampliarse por única vez por otros 15 días adicionales. Luego se presentará el informe final, el para su votación. Si se aprueba, pasará nuevamente a la Comisión Permanente y, tras ello, al Pleno.
También el 24 de abril, la subcomisión puso a evaluación la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero. Está acusada también por recortar los salarios de los servidores de su despacho.
En Ética también las investigan
Los casos de las cuatro parlamentarias “mocha sueldos” están también en la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Karol Paredes (AP). Este grupo de trabajo, puede imponerles una sanción máxima de suspensión por 120 días, según lo establece el Reglamento del Congreso de la República.
En esta Comisión de Ética, el lunes 8 de mayo, también se aprobó por unanimidad abrir investigación contra los congresistas de Acción Popular, José Arriola y Marleny Portero, quienes supuestamente habían recortado el salario de sus trabajadores para realizar obras de “ayuda social”.
Las congresistas, abusando de su cargo, obligaban a sus trabajadores a que les den parte de su sueldo. Les recortaban entre S/ 300 a S/ 400 como “aportes voluntarios”. Y hasta entre S/ 1,000 y S/ 3,000, para mejorar su imagen como parlamentaria en el caso de Katy Ugarte.
Rosio Torres (APP), hacía los recortes ayudada por su sobrino y ahora coinvestigado, Juan Daniel Pérez Guerra. En el caso de María Acuña Peralta (APP), se escuchó un audio en el que negociaba con uno de los trabajadores de su despacho en Chiclayo para que no la denuncie. Y, Magaly Ruíz (APP) quien puso como condición para trabajar un “aporte voluntario de S/1.500 y una colaboración extra de S/300”.
fuente: El Búho
