Congresistas de oposición apoyan la movilización al tiempo que el mandatario tiende ofertas a la fuerza pública activa para mejorar sus salarios y profesionalizar a sus miembros
Militares y policías retirados protestan en contra del Gobierno del presidente de Colombia, en Bogotá, el 10 de mayo de 2023.
Uno de los símbolos políticos más importantes el pasado agosto, cuando Gustavo Petro arrancó su Presidencia, fue verlo caminar hombro a hombro junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas: el exguerrillero que combatió al Estado, el exsenador que fue crítico del actuar del Ejército, ya no era un enemigo sino el comandante en jefe de las fuerzas más numerosas de América Latina después de las de Brasil. Nueve meses después, la foto es menos armónica. El Gobierno ha buscado mantener estable la relación con los soldados, prometiéndoles mejores salarios y profesionalización, a la vez que busca cambiar la mentalidad guerrerista. Pero transformar la estructura de unos militares orgullosos de su fuerza ha sido una tarea lenta y compleja, sobre todo frente a un grupo más politizado: los retirados de una fuerza pública.
“¿Por qué conspiran para un golpe de Estado?”, escribió Petro en Twitter este jueves después de que el coronel retirado John Marulanda dijera que ellos debían “tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”. El antiguo director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) hablaba en ese momento de Perú, donde cree que “las reservas fueron exitosas al lograr defenestrar a un presidente corrupto”, en referencia a Pedro Castillo. Marulanda luego se arrepintió de lo dicho, pero el daño estaba hecho.
El petrismo ha temido desde el primer día de Gobierno que los militares intenten un golpe de Estado, y la frase de Marulanda estaba justificando sus miedos. “Los llamados a un golpe son peligrosos, irresponsables y rayan con el delito”, dijo la senadora María José Pizarro, quien convocó a la ciudadanía a apoyar al presidente. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que esta declaración era “un ataque directo a la democracia”, y tanto él como el presidente esperan que la Fiscalía investigue el tema, ya que es delito instigar a un golpe.
La Fiscalía General de la Nación, cuya cabeza, Francisco Barbosa, viene de vivir un fuerte choque con Petro, rechazó “cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y sus representantes” y “dispuso abrir una noticia criminal” para determinar si Marulanda cometió un delito. E incluso figuras de la oposición rechazaron lo dicho por el coronel: el excandidato presidencial de derecha Federico Gutiérrez repudió “de forma categórica cualquier alusión que pudiera llegar a hacer alguien con relación a un supuesto golpe de Estado”.
Sin embargo, no todos en la derecha lo hicieron: la senadora María Fernanda Cabal, que representa el ala más dura del uribismo y más cercana a muchos militares, le respondió al ministro Velasco: “No es coronel activo, hoy es civil y su opinión se denomina, en las democracias liberales, ‘libertad de expresión”.
La declaración de Marulanda se dio un día después de que cientos de militares retirados llenaran la Plaza de Bolívar gritando “¡Fuera Petro!” y “No queremos una dictadura”. Entre ellos estaban la senadora Cabal o su aliado el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, hijo de un general retirado. El nuevo director de la Policía, William Salamanca, un mayor retirado, explicó que la protesta la motivaba principalmente recuperar la mesada 14, un pago especial al que solían tener derecho los militares retirados, pero que una corte tumbó en 2014. Tanto el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como el presidente han dicho varias veces que quieren volver a pagar esa mesada y mejorar la situación económica de los antiguos combatientes. “Los invitamos a un diálogo franco y constructivo con el Gobierno Nacional”, dijo el ministro después de la protesta.
Pero la oposición corrigió al Gobierno. El general retirado Jorge Eliécer Camacho, uno de los que apoyaron la manifestación, aclaró en Blu Radio que la manifestación criticaba las actuaciones del presidente Petro hacia las instituciones del Estado. “No vamos a permitir que se abuse de un momento de poder”, dijo. Una circular convocando a la manifestación muestra que, además de apoyar a la fuerza pública, se pedía a los ciudadanos protestar para no ser “indolentes” frente a reformas “que pueden impactar la libertad y el orden”, y para defender el “crecimiento socioeconómico de la Nación”.
Son posturas alineadas con la derecha política del país y esto, en parte, no debería sorprender. Un grupo considerable de los retirados se han aliado desde hace varios años con el uribismo, sobre todo desde que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) encarnó al líder de mano dura que fortaleció económicamente (y emocionalmente) a las Fuerzas Militares, y que los ha defendido de investigaciones criminales. Por eso Cabal y Uscátegui estuvieron en la manifestación, y el representante incluso participó de la convocatoria. Petro, en cambio, le recuerda a los militares desde hace varios años que en sus rangos hay corrupción y que varios de ellos asesinaron a más de 6.000 civiles en la tragedia conocida como falsos positivos.
En respuesta, el presidente y el Gobierno han querido diferenciar a los retirados de los activos, diciendo que con los segundos no hay ningún lío. “No hay conflicto entre los uniformados activos y el Gobierno Nacional”, aseguró el presidente en Twitter después de la manifestación. “La tradición democrática de nuestras Fuerzas JAMÁS debe ponerse en duda”, dijo su jefa de despacho, Laura Sarabia, en la misma red social. “Peligrosa narrativa la que quieren promover algunos medios y políticos de la oposición, según la cual existe un antagonismo entre la Fuerza Pública y el Gobierno”, advirtió la congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico.
El presidente ha intentado tender una mano amigable a la fuerza activa. Consciente de que fueron enemigos, antes de ganar la Presidencia envió una carta a todos los soldados en la que les prometió mejorar sus servicios de salud, educación y vivienda. Fortalecer la fuerza pública en su Gobierno de izquierda, dijo, es fortalecer “el bienestar de sus integrantes”.
El presidente repitió buena parte de esas consignas el miércoles, en una celebración militar: quiere mejorar sus condiciones de vida, profesionalizar al Ejército al punto que deje de depender de los jóvenes reclutas que prestan el servicio militar obligatorio para transformarse en una fuerza mejor pagada y con mejores estudios. Pidió que los ministros de Defensa y Hacienda se reúnan lo antes posible para examinar el presupuesto y considerar “un salto en la asignación de los soldados regulares de Colombia”, que, en su opinión, “puede ir pasando hacia la profesionalización del Ejército”.
El presidente considera que combatir a “las mafias” o las organizaciones multicrimen, como las llama, pasa por mejores condiciones de vida para los militares para alejarlos de la tentación de la corrupción o las alianzas con criminales poderosos. Los hombres en organizaciones ilegales están allí por la plata, “el sucio dinero”, dijo el presidente. Aseguró que un joven puede recibir un salario de dos millones de pesos en la poderosa banda llamada Clan del Golfo, mientras que un soldado raso, que preste el servicio militar obligatorio, gana 400.000 pesos mensuales. “Se tiene que enfrentar lamentablemente hoy con un joven que recibe cinco veces más al otro lado, defendiendo la economía ilícita, y eso no puede ser”, añadió.
Las críticas a la política de seguridad del Gobierno —que, como explicó recientemente el ministro de Defensa, prioriza la paz total o perseguir a empresarios del crimen en vez de a sus bases— no vienen de los militares activos, que tienen prohibido participar en política. Por eso no es posible saber si están o no alineados con oficiales retirados como John Marulanda, y hasta el momento no ha habido un ruido de sables, pronunciamientos similares de oficiales activos, ni rumores de movimientos en los cuarteles. Tampoco ha habido una oposición exitosa contra el ministro de Defensa, un reconocido abogado anticorrupción que la semana anterior salió ileso de una moción de censura en el Congreso: 115 votos lo apoyaron, contra solo 17 que pedían removerlo del cargo. Más allá de lo que dijo Marulanda, no se ve llegar un golpe al presidente.
“Los golpes de Estado se resisten, y se vencen, con la movilización del pueblo”, dijo en un evento el jueves Petro, quien lleva semanas pidiendo a los ciudadanos que salgan a la calle a apoyar sus reformas. Pero hasta ahora solo ha logrado que los más fieles salgan a las calles, no que los colombianos se manifiesten masivamente a favor de la reforma a la salud o pensional. Si militares retirados siguen amenazando su Gobierno en la radio, en un país que se enorgullece de su larga tradición democrática, quizás los colombianos sí salgan a protestar. Pero no tanto para apoyar las reformas, sino porque frases como las de Marulanda alientan las pesadillas de quienes sí desean que el primer Gobierno de izquierda de Colombia termine cuando lo dice la Constitución, en 2026.
Fuente: El País
