La medida también salpica a seis dirigentes y/o colaboradores de Fuerza Popular. El juez Víctor Zúñiga consideró que el impedimento de salida es una medida idónea para asegurar la presencia en el país de los implicados.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su expareja, Mark Vito, no podrán salir del país durante los próximos 36 meses por imposición del juez Víctor Zúñiga, quien determinó este miércoles que el caso Cócteles, donde se les acusa de lavado de activos y organización criminal, merece ir a juicio público.
La medida también salpica a Vicente Silva, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Pier Figari, dirigentes y/o colaboradores de la agrupación política, según la resolución citada por El Comercio.
Zúñiga, titular del 4.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, consideró que el impedimento de salida es una medida idónea y proporcional para asegurar la presencia en el país de los ocho implicados a puertas de la etapa más importante de un procedimiento penal.
Tuit del Poder JudicialLas audiencias de control de acusación de este proceso, donde Fujimori, Vito y otros están imputados por presuntos aportes ilícitos de su partido en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, concluyeron casi dos años después y, con ello, queda abierta la viabilidad del juicio oral.
El juez impuso una serie de reglas de conducta contra Fujimori, Figari, Yoshiyama y Tarazona, quienes, entre otras cosas, no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con sus coimputados, testigos o peritos, aunque esta última prohibición exceptúa a la expareja por tener hijas en común.
Asimismo, impuso una caución económica a Silva, Herz, Chlimper y Vito de 20 mil, 15 mil, 40 mil y 10 mil soles, respectivamente. Los montos deberán ser abonados en diez días hábiles para asegurar su sometimiento al proceso.
La tres veces candidata presidencial afronta una petición fiscal de más de 30 años de cárcel. Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp.
Por este caso, Fujimori ya ha cumplido un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
La defensa de Fujimori, quien abandonó la prisión en el momento más crítico de la pandemia, reiteró esta semana que Odebrecht no brindó aportes a su campaña.
“Keiko no puede reconocer eso [los aportes de Odebrecht], porque es un hecho inexistente. De hecho, el propio Barata, quien ha declarado al respecto, ha sido tan impreciso y contradictorio en su propia declaración que no ha dado luces sobre aquella supuesta entrega o aporte del erario”, dijo la abogada Giuliana Loza.
En julio de 2021, el equipo especial del caso Lava Jato inició diligencias preliminares contra Vito por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, la cual habría sido instrumentalizada por la presunta red que lideraría Fujimori para la continuación del lavado mediante operaciones comerciales.
En empresario, que se ha dejado ver atlético y desafiante en redes sociales, enfrenta un pedido fiscal de 22 años y 8 meses de cárcel por el caso Cócteles, el segundo entramado que compromete a su exesposa, incluida por la Fiscalía en abril pasado en una trama liderada por Fidel Ramírez, tío del excongresista Joaquín Ramírez.
En este último caso, según la tesis fiscal, Fujimori integra el brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado.
Para el Ministerio Público, además, la familia Ramírez usó esta institución para hacer negocios con empresas fachada, creadas por los hermanos, para obtener bienes y dinero ilícitos, que posteriormente fue usado para financiar la campaña de Fuerza Popular en el 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
Fuente: Infobae
