Además, impide al procurador general de la República participar de la designación de los procuradores de otros organismos autónomos del Estado como TC, Fiscalía, entre otros.
Se quiebra el sistema de defensa judicial, congreso y poder judicial se salieron con su objetivo, ellos mismos nombrarán a sus procuradores, el resultado ya lo sabemos. Impunidad.
Golpe a la Procuraduría. La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles 7 la ley que permitirá al Congreso y Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación del procurador general de la República.
La Ley N° 31778, que modifica el Decreto Legislativo 1326 que creó la Procuraduría General del Estado, incluye en su titular que el objetivo de esta norma sería “para restablecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo y Poder Judicial”.
Esta norma es producto del proyecto de Ley N° 3270/2022 presentada por el congresista Esdras Medina de la bancada de Somos Perú en octubre del 2022, la que fue rechazada en una primera votación en el Pleno en enero del 2023 y enviada nuevamente a la Comisión de Constitución del Congreso.
La ley fue aprobada por el Pleno el 10 de mayo del presente año por 62 votos a favor y 39 en contra, de los que destacan los votos favorables de Fuerza Popular (23), Renovación Popular (9), APP (7), Acción Popular (5), Avanza País (5) y Somos Perú (5).
La ley modifica los artículos 16, 24,27,21 y 32 del DL 1326, que incluye apartados, por ejemplo, que son funciones del Consejo Directivo (de la Procuraduría General de la República), “dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.
Antes, todos los procuradores eran designados por dicho ente que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante eso, el primer proyecto de ley que buscó esta modificatoria sostuvo que resultaba “contradictorio que la Procuraduría General del Estado dependiente del Poder Ejecutivo, sea quien se encargue de convocar a un proceso de selección a los procuradores públicos de los demás Poderes del Estado, en tanto la Procuraduría General del Estado no goce aún de una autonomía administrativa y funcional a plenitud, por ello consideramos que los titulares del Poder Legislativo y Poder Judicial”.
