El 7 y 8 de junio recientes se realizó en Iquitos el IV Congreso de Emprendedores Amazónicos. Su nombre era promisorio: “Por el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía con visión al 2050”.
Y, en línea con las expectativas que ese título generaba, se abordó el problema central de la Amazonía: su existencia. En efecto, el desarrollo amazónico implica detener y revertir la deforestación que la viene arrasando todos los años. Lo que a su vez implica reconocer que este mal es un efecto de un problema de la voluntad: el deseo de obtener ganancias rápidas a costa de los bosques y las personas que vivimos de ellos, directa o indirectamente. Este afán desmedido de ganancias lleva a algunos a cometer delitos ambientales contra los recursos naturales. A otros, a migrar desordenamente hacia las llanuras amazónicas. Y si bien no se planteó la problemática en esos términos, sí se alertó sobre otra de las consecuencias de ese problema de voluntad: la ausencia de instituciones inclusivas. Por esta ausencia, Samuel Dyer, presidente del grupo empresarial ProAmazonía y promotor de este Congreso remeció a los participantes afirmando que “el Perú es un país fracasado”.
Sobre esa constatación, cabe la pregunta: ¿cómo generar instituciones inclusivas que den el contexto del desarrollo peruano y en específico, del desarrollo amazónico? Instituciones que otorguen una gobernanza concertada sobre nuestros bosques, que excluya a sus depredadores humanos.
Para comenzar, propiciando la confluencia de visiones distintas en la respuesta a dichas preguntas. Y eso es lo que se logró en el Congreso de Emprendedores Amazónicos. Allí participaron científicas que explicaron la importancia de conservar la biodiversidad amazónica, funcionarios del nivel nacional y el regional que expusieron la visión del Perú al 2050, así como visiones de desarrollo regional, respectivamente; dirigentes indígenas que recordaron la centralidad de los pueblos originarios en cualquier proyecto de desarrollo amazónico, actoras de la cooperación internacional, y empresarios con iniciativas de generación de riqueza de forma sostenible, como las de reforestación con especies nativas.
Esta confluencia generó una declaración de Iquitos, que contiene una agenda del desarrollo amazónico sostenible, que debería ser llevado a las gerencias públicas y privadas, las universidades y los colegios, para su discusión social. Que genere sentidos comunes para la consiguiente discusión política. Discusión que debería incorporar un balance del escueto artículo 69 de la Constitución peruana – “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada” y su ley de desarrollo, la Ley 27037 y sus modificaciones. Para que el pacto social que surja del diálogo de todos y todas, sea base de un nuevo diseño constitucional que contenga los principios del desarrollo amazónico y de la consiguiente legislación que facilite superar, en palabras de Violeta Bermúdez[1], el reto de “hacer de la Amazonía ese objetivo común que pueda unir a los peruanos de todas las sangres … porque contar con una Amazonía justa, libre de pobreza, de desforestación, libre de delitos ambientales, es la responsabilidad de todos y todas las autoridades y organizaciones … por una Amazonía sostenible y que tenga al ser humano en el centro de la toma de decisiones.”
