Zoraida Ávalos y el control político del Ministerio Público

La posible destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera por parte del Congreso consolidaría la permanencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, hasta junio de 2027.

Benavides fue elegida fiscal de la Nación en junio de 2022 por un periodo de tres años, pero puede reelegirse para un periodo consecutivo de dos años, de acuerdo con el artículo 158° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“El cargo de fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, solo por otros dos”, precisa la norma. Esa reelección fue utilizada por Blanca Nélida Colán (1992-1997) y por Nelly Calderón Navarro (2001-2005). Los siguientes fiscales de la Nación no lo utilizaron por un acuerdo interno de la Junta de Fiscales Supremos.

El control de la Junta

Los fiscales supremos Gladys Echaíz, José Antonio Peláez, Carlos Ramos Heredia, Gonzalo Chávarry, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez acordaron mantener una gestión de tres años para que todos pudieran ocupar el más alto cargo del Ministerio Público.

De esa Junta, solo permanecen Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Los nuevos supremos Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza Valenzuela no tienen ningún acuerdo. Espinoza fue enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 29 de noviembre del 2025, lo que se puede prorrogar por otros cinco años.

Son seis fiscales supremos titulares, uno de los cuales pasa a integrar el JNE, por lo que la Junta siempre tiene cinco integrantes. Hoy hay una plaza vacante y solo quedan cuatro.

La posible salida de Ávalos dejaría a la Junta con tres integrantes. En el Congreso ya han advertido esa eventualidad, por eso, en marzo dieron la Ley 31718 que permite a fiscales supremos provisionales integrar la Junta de Fiscales Supremos con plenos derechos de voz y voto.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides escoge y nombra a los fiscales provisionales. La salida de Ávalos le daría a Benavides la excusa perfecta para invocar la Ley 31718 a fin de incluir en la Junta a dos fiscales supremos provisionales, lo que le daría mayoría de votos para cualquier acuerdo.

Hasta hace unas semanas aún era posible que esas vacantes sean ocupadas por fiscales supremos titulares designados por la Junta Nacional de Justicia, que tiene siete candidatos en reserva esperando por una vacante.

Control político

Pero la condición de candidatos en reserva vence el 22 de junio, al día siguiente de que el Congreso vote la sanción contra Ávalos. Es materialmente imposible que la Junta pueda elegir en 24 horas.

Además, se requiere de un paso previo que compete a la fiscal de la Nación. La JNJ recién selecciona a un titular luego de que la fiscal de la Nación, es decir Benavides, le informe que existe una plaza vacante y presupuestada.

Pensar que en 24 horas Benavides envíe esa información y la Junta elija parece descabellado. Hoy ya hay una vacante, pero nadie parece haber dado un paso para cubrirla.

Históricamente, el ingreso de provisionales en la Junta ha supuesto el control político del Ministerio Público. Sucedió en el fujimorato y puede repetirse ahora con iguales o peores consecuencias.

En la junta

Política. El control de la Fiscalía y de la Junta de Fiscales Supremos permite la remoción de fiscales que sean demasiado independientes e incómodos al poder político que controle el Congreso y el Ejecutivo. También puede ser utilizado para perseguir a opositores o periodistas.

Plazo cumplido

Al concluir el estado de candidato en reserva, de presentarse una vacante, la JNJ deberá realizar un nuevo concurso público.