De acuerdo a La República, César Vásquez Sánchez, quien recientemente reemplazó a Rosa Gutiérrez, tiene un total de 19 denuncias, aunque varias de ellas con estado “con archivo”.
No han pasado ni 48 horas de haber jurado al cargo de ministro de Salud, en reemplazo de Rosa Guitiérrez, pero el médico y excongresista César Vásquez Sánchez ya viene recibiendo severos cuestionamientos. Una denuncia en su contra por el sonado caso de corrupción los Temerarios del crimen y otras serias acusaciones por los presuntos delitos de extorsión, peculado, fraude electoral, entre otros, podrían complicarlo.
Según La República, que accedió a un registro oficial de la fiscalía, el flamante titular del Ministerio de Salud (Minsa) tiene en su contra casi una veintena de denuncias por imputaciones de toda índole, entre las que resaltan atentados contra la autoridad, violencia y resistencia, extorsión, negociación incompatible, peculado, abuso de autoridad y fraude procesal.
Cabe señalar que el registro difundido por ese medio se observa que varias de estas denuncias se encuentran con último estado de “con archivo”, lo que quiere decir que Vásquez Sánchez habría salido bien librado de las imputaciones en su contra.
Temerarios del crimenSe detalló que el ministro de Salud cuenta con trece denuncias ante el Ministerio Público de Cajamarca y seis ante el de Lambayeque, lo que hacen un total de diecinueve acusaciones. Estas son:
Distrito fiscal de Cajamarca
-Atentados contra la autoridad (2010) – Último estado: con dictamen
-Violencia y resistencia a la autoridad (2009) – Último estado: con resolución emitida
-Abuso de autoridad (2009) – Último estado: con resolución emitida
-Extorsión (2023) – Último estado: con archivo (preliminar)
-Negociación incompatible o aprovechamiento debido del cargo (2012) – Último estado: con sobreseimiento
-Negociación incompatible o aprovechamiento debido del cargo (2013) – Último estado: con sobreseimiento
-Peculado (2011) – Último estado: con archivo (preliminar)
-Desobediencia y resistencia a la autoridad (2012) – Último estado: con archivo (califica)
-Contencioso administrativo (2007) – Último estado: con dictamen
-Peculado (2010) – Último estado: con archivo (califica)
-Peculado (2007) – Último estado: archivo definitivo
-Abuso de autoridad (2008) – Último estado: con resolución emitida
-Abuso de autoridad (2009) – Último estado: archivo definitivo
Distrito fiscal de Lambayeque
-Apropiación ilícita (1999) – Último estado: con dictamen
-Abuso de autoridad (2017) – Último estado: con archivo (preliminar)
-Desobediencia y resistencia a la autoridad (2015) – Último estado: con archivo (preliminar)
-Fraude procesal (2019) – Último estado: con archivos (califica)
-Contra el patrimonio (2016) – Último estado: con archivo (califica)
Contra la vida, el cuerpo y la salud (2017) – Último estado: con archivo definitivo (inv. preventiva)
Rosa Gutiérrez se vio obligada a renunciar a su cargo de ministra de Salud, ante los serios cuestionamientos en su contra por un aparente mal manejo de la lucha contra el dengue. (Andina/Composición Infobae)¿Qué es el caso los Temerarios del crimen?
En abril de 2019, la entonces fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra un grupo de parlamentarios presuntamente vinculados a la organización criminal que habría operado con el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, a la cabeza.
La apertura de la indagación fue contra los entonces congresistas José Palma Mendoza, Carlos Bruce, Clemente Flores Vílchez, Javier Velásquez Quesquén y el ahora ministro de Salud, César Vásquez, por ser presuntos autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
David Cornejo Chinguel, entonces alcalde Chiclayo, fue acusado de liderar una organización criminal que direccionaba obras a cambio de jugosas coimas. (Andina)Esta red criminal habría sido liderada por el exalcalde chiclayano, quien fue detenido en noviembre del 2018. Según las pesquisas, operaba desde la municipalidad provincial “direccionando” obras públicas a determinadas empresas a cambio de coimas.
Para el Ministerio Público, los congresistas involucrados en este caso habrían operado como gestores para “direccionar” y priorizar las obras a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.
