Una ley federal que tipifica como delito que una persona fomente la inmigración ilegal no viola la protección constitucional de la libertad de expresión, dictaminó el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos, ratificando una norma de décadas de antigüedad que ha sido defendida por el Gobierno de Joe Biden.
El fallo revocó la decisión de un tribunal inferior de anular la disposición, parte de un estatuto de inmigración más amplio, en un caso que involucraba a un hombre de California llamado Helaman Hansen que embaucó a inmigrantes a través de un programa falso de “adopción de adultos”.
El tribunal de primera instancia había dictaminado que la ley era demasiado amplia porque podía criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La medida prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” ilegalmente en Estados Unidos, incluso con fines de lucro.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, desestimó la condena de Hansen de 2017 por violar la medida.
Hansen también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión. Está fuera de la cárcel mientras su apelación está pendiente.
Fiscales federales acusaron a Hansen de engañar ilegalmente a los inmigrantes al prometerles entre 2012 y 2016 que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos” operado por su negocio con sede en Sacramento, Americans Helping America Chamber of Commerce.
La fiscalía dijo que Hansen persuadió a al menos 471 personas para que se unieran a su programa, cobrando a cada una hasta 10.000 dólares a pesar de que “sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense”. Hansen recaudó más de 1,8 millones de dólares a través del esquema, dijeron las autoridades.
En la decisión que anuló la ley, el Noveno Circuito dictaminó que criminaliza incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes: “Los animo a residir en Estados Unidos”, o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. El Noveno Circuito confirmó las otras condenas de Hansen.
La decisión del Noveno Circuito se aplica en el grupo de estados occidentales sobre los que tiene jurisdicción, incluidos Arizona y California, que limitan con México.
La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado.
El Gobierno de Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos relacionados, como simplemente alentar a inmigrantes ilegales en el país a permanecer en Estados Unidos o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. La ley apunta solo a facilitar o solicitar conductas ilegales, no a la “defensa general”, argumentó el Departamento de Justicia.
La administración instó a los jueces a restaurar una “herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal”, particularmente debido al alto volumen de litigios relacionados con la inmigración que ocurren en los estados cubiertos por el Noveno Circuito.
