El grupo violentista dejó un mensaje a la exfiscal de la Nación, quien ya no cuenta con seguridad tras ser acusada e inhabilitada por cinco años para ejercer función pública.
Luis Paucar
Zoraida Ávalos, inhabilitada exfiscal de la Nación, denunció este viernes que fue amenazada por el grupo violentista ‘La Resistencia’, horas después de que la División de Protección de Dignatarios (DIVPRODIG) de la Policía Nacional le notificara el término de su seguridad como alta funcionaria del Ministerio Público.
“Dejo constancia por mi integridad y la de mi familia que estoy siendo amenazada por este grupo subversivo y que la Policía me retiró la seguridad. Ustedes pueden ayudarme reportando esta cuenta”, tuiteó la magistrada junto con el mensaje del colectivo de extrema derecha vinculado al fujimorismo.
“¿Quieres que vayamos en el desayuno, hora de almuerzo o cena?”, había conminado ‘La Resistencia’ al conocer que la Corte Suprema solicitó al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, convocar con urgencia a una Sala Plena Extraordinaria para analizar la inhabilitación.
Ávalos ya había sido intimidada por el grupo extremista cuando salió del Congreso el mismo día en que fue suspendida para ejercer función pública por cinco años, debido a su decisión de suspender la investigación preliminar por delitos de corrupción contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Previamente, el coronel Danilo Vera, jefe de la DIVPRODIG, comunicó el fin de la seguridad y protección por encargo del Director de Seguridad de la PNP, Iván Lizzetti, según el documento al que accedió Infobae Perú.
La magistrada solicitó la reconsideración de la medida al recordar que tiene calidad de denunciante y agraviada en una investigación penal contra ‘La Resistencia’, por lo que se la incorporó al Programa de Víctimas y Testigos (Udavit).
“Una de las últimas acciones intimidatorias ocurrió hace pocos días, el 30 de mayo del 2023, en el interior de un lugar público, tal como quedó registrado en la denuncia policial presentada ante la comisaría de Orrantia”, señaló en su oficio.
La exfiscal general fue investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso después de haber suspendido, en enero del año pasado, las investigaciones contra Castillo por los presuntos malos manejos en la licitación de obras de la entidad Provías, en una adjudicación de Petroperú y en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Bajo su óptica, esta denuncia “no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídico” porque se “pretende cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional con base en pareceres de índole político”.
Jueces Supremos piden sala plena para analizar el caso Zoraida ÁvalosRecordó que ella fue la primera fiscal de la Nación que abrió una investigación preliminar a un presidente en ejercicio —en 2020, con Martín Vizcarra— por presunta corrupción, aunque tuvo que suspender el proceso porque un mandatario en ejercicio no puede ser acusado durante su periodo. De la misma forma, precisó, debió proceder con Castillo.
Ávalos añadió que la denuncia constitucional “fomenta el quebrantamiento constitucional” y que la decisión que adopten “tendrá un impacto directo en los destinos de nuestro régimen democrático”.
En ese sentido, expresó que una sanción como la que propone el Parlamento “contraviene la independencia y autonomía del Ministerio Público, componente esencial de la administración de justicia y todo un Estado de derecho”.
A fines del año pasado, Castillo debía responder ante el Parlamento por los casos que abrió Ávalos, pero el escenario dio un vuelco cuando el exmandatario anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de emergencia. Posteriormente, fue detenido y recluido en Barbadillo.
