La inhabilitación del Congreso contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha generado que la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) emita un contundente mensaje. En este comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter, se invoca a la Corte Suprema respetar y proteger la independencia judicial en defensa de los derechos humanos y el estado constitucional de derecho.

“Invocamos a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República que asuma una posición de defensa de la independencia funcional. De ser el caso, haciendo uso de sus facultades, emita, en su oportunidad, una Sentencia Plenaria que desvincule al juez, respecto de la decisión del Congreso, con base a la interpretación de normas e independencia judicial, pues en momentos donde el Estado Constitucional de Derecho se ha visto afectado, urge que el máximo ente de la administración de justicia del país, cautele y defienda el equilibrio de poderes“, se lee en el punto número tres del pronunciamiento.

La mencionada asociación, que agrupa a jueces de primera y segunda instancia, expresó también un pedido a los poderes del Estado y les sugirió considerar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que expresa su preocupación por las acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia.

Como punto número cuatro, exigieron a los actores políticos y la ciudadanía respetar el equilibrio de poderes, así como a los organismos constitucionales porque consideran que esto contribuye a una garantía de la independencia judicial.

“EXIGIMOS a los actores políticos, a los altos funcionarios a la ciudadanía en general, la defensa y el respeto al equilibrio de poderes, y a los organismos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Contraloría general de la República, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Academia de la Magistratura, Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca y Seguros, pues ello constituye una garantía no solo del Estado democrático sino también de la independencia judicial y fiscal”.