El colectivo, que representa a más de 175 mil familias diversas, se refirió a la iniciativa que impulsa la fujimorista Martha Moyano. “Crear una figura jurídica alternativa resulta un trato discriminatorio”, remarcó
La Asociación de Familias Homoparentales del Perú señaló este martes que la iniciativa de unión civil impulsada por Martha Moyano (Fuerza Popular), la cual les niega la posibilidad de adoptar, resulta discriminatoria y no garantiza plenamente sus derechos.
A través de un mensaje difundido en Twitter, el colectivo que representa a más de 175 mil familias diversas del país remarcó que no son “ciudadanos de segunda clase” y que buscan “un escenario y trato igualitario”.
“Crear una figura jurídica alternativa resulta un trato discriminatorio. Invitamos a la congresista Moyano y demás parlamentarios interesados a abrir diálogo previamente al desarrollo de sus proyectos para que puedan calzar realmente con las necesidades de las familias homoparentales y diversas”, continúa el pronunciamiento.
La asociación también consideró “necesario que el Estado garantice el acceso a todos los derechos existentes”, incluido el matrimonio igualitario, una iniciativa que planteó Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y fue enviada al archivo a inicios de año.
Previamente, Moyano mencionó que no estaba “creando ningún matrimonio, sino reconociendo algo que ya existe y que no se puede negar”.
“Se busca reconocer derechos de personas del mismo sexo que conviven. Eso es lo principal de mi propuesta, que además ya la he presentado en el 2003, así que cualquier discurso distinto sobre cálculo político es pura elucubración sin fundamento. Es importante abrir el debate”, abundó.
El proyecto, que cuenta con el respaldo de otros fujimoristas (Jorge Morante, Hernando Guerra García, Vivian Olivos, Arturo Alegría, Patricia Juárez y Juan Carlos Lizarzaburu), propone como requisito un periodo mínimo de dos años de “convivencia estable” y “regular”, y propone la creación de un Registro de Uniones Civiles, que deberá formar parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La unión debe tener un domicilio legal en Perú, estar inscrita en Registros Públicos y acreditar la declaración bajo juramento de no menos de dos testigos. En contraparte, puede quedar disuelta por mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno de los integrantes, matrimonio posterior o muerte.
“Somos más de 175 mil familias diversas que vivimos en Perú, a quienes no se nos permiten inscribir a nuestros hijos en la Reniec, inscribirlos en nuestros seguros de salud, tomar decisiones importantes sobre su bienestar y ni siquiera poder heredarles nuestros bienes”, dijo Karenina Álvarez, presidenta de la asociación.
Fue en mayo pasado, cuando presentó los resultados de un estudio que revela que el 60% de familias diversas han sido discriminadas en espacios públicos. La portavoz enfatizó entonces en la necesidad de aprobar el matrimonio civil igualitario, una medida que permitiría registrar su estado civil real en los documentos de identidad y, por lo tanto, sus lazos familiares serían reconocidos legalmente.
En la misma presentación, Luisa Morcos, líder de Relaciones Institucionales de la asociación, exigió al Estado “un marco legal que permita a Reniec” inscribir a sus hijos con los apellidos que les corresponde y otorgar el reconocimiento de ambos padres o madres.
“Existimos y somos reales. Solo de esta forma vamos a poder resolver las brechas existentes que se extienden en la vida de nuestros hijos”, sostuvo la activista.
Según Ipsos, nueve de cada diez adultos no heterosexuales quisiera casarse con su pareja en el Perú, pero el derecho negado los empuja a viajar a países como Argentina, México y Estados Unidos. El 18% de la población que ama de manera diversa ―1.7 millones de peruanos, señala la encuestadora― libra una batalla legal por el reconocimiento de su unión.
