Los dirigentes de Cusco y Puno entablaron este proceso civil, previo a la ‘Marcha en Lima’, también contra los titulares de la PCM, PNP y el Ministerio del Interior al considerar que existe amenaza a los derechos que ampara la Constitución.
Medidas tomadas ante las próximas protestas en el Perú impulsaron que organizaciones sociales interpongan una demanda constitucional de amparo contra la presidenta Dina Boluarte y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, en el Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno por la presunta vulneración del derecho a la protesta y en el marco de la ‘Marcha en Lima’ que se realizará este miércoles 19 de julio.
Este proceso constitucional también se interpuso contra el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo; el ministro del Interior, Vicente Romero; el presidente del Congreso, José Williams Zapata; y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez. A ellos les exigen responder a la demanda debido a los supuestos hechos lesivos que, según los demandantes, constituyen un conjunto de acciones que son una amenaza al derecho a la protesta, considerando la ‘Marcha en Lima’ que se realizará en las siguientes horas.
Esta demanda constitucional fue interpuesta por el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, Félix Suasaca, y el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, Salvador Merma, quienes fundamentaron ante la autoridad judicial que se habrían criminalizado las protestas y así se habría causado la violación de los derechos humanos.
También sostienen que hay evidencias de que en las marchas hay un comportamiento arbitrario de la Policía y las Fuerzas Armadas, tal como —aseguran— sucedió en Juliaca, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Los dirigentes añaden que este tipo de situaciones generan una estigmatización de los manifestantes.
En la demanda se indica que los derechos presuntamente vulnerados son a la protesta, libertad de reunión, libertad de expresión, desenvolvimiento de la personalidad, al honor, entre otros.
Piden investigación penal
Otro de los puntos que llaman la atención es la solicitud al Juzgado Civil sobre el cese de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones que deben ser investigadas en el fuero administrativo, civil y penal contra el personal militar y policial que no respetó los derechos que amparan a la persona conforme a la Constitución.
El documento también plasma los resultados de las manifestaciones que se registraron en Apurímac el 9 y 14 de diciembre de 2022, con 6 muertos y 83 heridos. También menciona el saldo de la protesta en Ayacucho, con 10 fallecidos entre el 15 al 21 de diciembre y las 18 víctimas mortales durante la represión con las Fuerzas Armadas en la ciudad de Juliaca, en Puno, en el mismo año.
Fuente: La República
