RÍO DE JANEIRO — Con más de 560.000 muertes por coronavirus y un presidente cada vez más cuestionado por el impacto devastador de la pandemia, Brasil, el país más grande de América Latina, se ha convertido en ejemplo paradigmático del mal gobierno.
Al caos sanitario, se suma una fuerte crisis económica, social y política. Es difícil imaginar un escenario peor. Mientras el paro, el hambre y la informalidad se multiplican, 27 millones de brasileños —o 13 de cada 100— se encuentran en la pobreza extrema, según cálculos de la Fundación Getulio Vargas. Aunque nada de eso parece importarle mucho al presidente Jair Bolsonaro y a su gobierno, el malestar social es cada vez más visible.
Según las encuestas de julio de AtlasIntel y Datafolha, más de la mitad de los brasileños desaprueba la gestión del presidente. La oposición a Bolsonaro ahora es más amplia y heterogénea y empieza a consolidarse la idea de que no es viable otro periodo de un gobierno cuyo discurso exalte el autoritarismo, el genocidio y el negacionismo de la ciencia, mientras destruye la vida, el medioambiente y hasta la autoestima nacional.
A fines de mayo, miles de personas en distintos lugares de Brasil salieron a protestar convocadas por un día nacional unificado de movilizaciones bajo el lema “Fuera Bolsonaro”. Fue un primer paso importante, que se repitió ya en junio y julio con una convergencia amplia entre líderes políticos, partidos, artistas, frentes, movimientos populares, sindicales y sociales. Van más de 120 pedidos de juicio político contra Bolsonaro en el Congreso y la comisión parlamentaria de investigación del Senado, que indaga sobre la gestión del gobierno frente a la pandemia, reúne indicios de omisiones e irregularidades por parte del ejecutivo.
Todas estas iniciativas, cuyo fin es la destitución del presidente, son importantes, pero ninguna de ellas alcanzará el objetivo por sí sola. Para que Brasil se libere de Bolsonaro y, después de eso, del bolsonarismo, hace falta una movilización coordinada. Solo así, las diferentes acciones, tácticas y estrategias se desplegarán simultáneamente y de forma complementaria, apuntando en la misma dirección: la salida de un presidente profundamente peligroso para el país.
Y es que la violación de derechos, los ataques a la independencia de los poderes estatales, la incitación constante a la intervención militar y las amenazas recientes de suspender las elecciones de 2022 si no son “limpias y democráticas”, son provocaciones intolerables que hacen urgente su destitución.
Deben incrementarse las manifestaciones en las calles y la presión desde el sistema político, pero también las críticas desde los medios de comunicación y las redes sociales, el trabajo comunitario, el cabildeo entre las altas esferas políticas y las negociaciones entre distintos partidos.
Se trata de una movilización muy amplia, además, porque es protagonizada por múltiples actores de campos políticos diversos. No se requiere de la construcción de una alianza, un frente amplio o de un “espacio de convergencia” entre esos actores heterogéneos. Lo importante es que los diferentes actores compartan el diagnóstico: Bolsonaro está hundiendo a Brasil y no puede seguir en el gobierno. A partir de allí deben trabajar con el fin de removerlo del poder. Cada uno utilizando sus recursos, posibilidades y bases de movilización.
Aunque no hay consenso sobre la mejor estrategia a seguir, las campañas para construir acciones en favor de la destitución del presidente ganan fuerza. En junio, legisladores de derecha —incluyendo expartidarios de Bolsonaro—, centro e izquierda, junto con varias organizaciones sociales, presentaron a la Cámara de los Diputados lo que ya se conoce como el “superpedido de impeachment” o “megapedido”, una iniciativa que busca unificar los pedidos de destitución presentados previamente para imputarle al presidente 23 “crímenes de responsabilidad”, como el delito de prevaricación en el caso del contrato de compra de las vacunas Covaxin contra la COVID-19.
Pero para que el pedido sea aceptado por el presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro y líder del mal llamado “Centrão” (un bloque de partidos y legisladores que operan con base en intercambios de favores para asegurar privilegios e intereses privados), es necesario que los diversos actores institucionales aumenten todavía más la presión a medida que las movilizaciones masivas siguen desgastando la imagen de Bolsonaro en las calles. Eso fue, de hecho, lo que ocurrió el 3 y el 24 de julio, cuando centenares de organizaciones —desde sindicatos históricos, grupos civiles y activistas— brutalmente acosados por el presidente, convocaron las últimas manifestaciones de la campaña “Fuera Bolsonaro”.
Es de esperar una radicalización de las bases más activas del bolsonarismo, aunque la correlación de fuerzas hoy es mucho menos favorable al presidente. Los movimientos Vem Pra Rua y Movimiento Brasil Libre, iniciados en 2014 por grupos de jóvenes conservadores movilizados por la bandera anticorrupción y que tuvieron un papel preponderante para destituir a Dilma Rousseff en 2016, comenzaron a alejarse del presidente desde su ruptura con el exjuez y exministro Sergio Moro y también se han pronunciado a favor de la destitución.
Esta movilización total tiene sus limites ya que las élites económicas parecen inamovibles, los diferentes actores piden un juicio político por motivos diversos y hay en curso una lucha de narrativas sobre el gobierno de Bolsonaro y el futuro del país. Sin embargo, a pesar de las diferencias y de las tensiones dentro de este complejo mosaico, hay que seguir empujando en la misma dirección. Solo así se podrá garantizar la vitalidad de la movilización. Y si a pesar del esfuerzo finalmente este no alcanza para destituir ahora al presidente, habrá sido fundamental para derrotarlo en las próximas elecciones presidenciales de 2022 y ayudar a pasar página del bolsonarismo.
