Stuardo Ralón agregó que han mantenido una “comunicación fluida” con el actual régimen de la presidenta investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de los 49 fallecidos de las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año.
Stuardo Ralón, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que harán un seguimiento al gobierno de Dina Boluarte, quien anunció ayer durante su mensaje a la Nación que implementará las recomendaciones que plantearon en su informe sobre las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año que dejó un saldo de 49 fallecidos.
En declaraciones a la agencia EFE, el comisionado indicó que establecerá “conversaciones” más fluidas con la presidenta de la República para conocer qué procedimiento desarrollarán para llevar a cabo los puntos centrales del documento que elaboraron y presentaron en mayo pasado ante la comunidad internacional tras sus visitas a Perú. Además, de “establecer con qué frecuencia y de qué manera se va a dar seguimiento”.
Ralón hizo énfasis en que cada una de las muertes durante las protestas deben ser investigadas. “Tiene que llegarse a un responsable, así como a compromisos de no repetición por parte del Gobierno”, subrayó el comisionado. Por ello, aseguró que ven desde la CIDH con “buenos ojos” la voluntad de Boluarte Zegarra de recoger los contenidos de su informe.
Como es público, la jefa de Estado empezó su mensaje ante el país al referirse a los deudos de las víctimas de las protestas de su gobierno.
“Declaro nuevamente – y con mucho dolor – que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”, anunció en su mensaje.
La mandataria reiteró también que se va allanar a las investigaciones que el Ministerio Público lleva en su contra. Actualmente, Boluarte Zegarra afronta una indagación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Estos ilicitos también alcanzan a su premier Alberto Otárola, a sus ministros Jorge Chávez Cresta (Defensa) y Vicente Romero (Interior), mandos militares y policiales.
“Y mantengo mi compromiso, junto a los funcionarios y autoridades, de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie en este caso”, añadió ante el Pleno del Congreso.
Al filo de la primera parte de este discurso, Boluarte anunció que tomarán los puntos que recomienda la CIDH a pesar de que los cuestionó publicamente en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno hace cuatro meses.
Mostrando carteles con fotos de víctimas de la violencia policial, manifestantes marchan por el centro de Lima, Perú, el miércoles 19 de julio de 2023. La protesta exige a la presidenta peruana Dina Boluarte un adelanto electoral inmediato, así como justicia por los muertos en las manifestaciones que sucedieron a la destitución de Pedro Castillo como presidente. (AP Foto/Rodrigo Abd)“Mi Gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y prometo firmar un pacto por la reconciliación, la paz, la vida, la Justicia y la igualdad”, manifestó la jefa de Estado.
Graves violaciones a los DD HH
A inicios de mayo, la CIDH informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tuvo un “excesivo uso de la fuerza” durante la ola de manifestaciones antigubernamentales. En el documento de 113 páginas señalaron que “inclusive de forma indiscriminada contra la población, ataques a periodistas, así como detenciones masivas de personas manifestantes”.
Además, en el informe se refieren a los casos de Ayacucho y Puno.
En Ayacucho se registró diez fallecidos en diciembre pasado. Al respecto, la CIDH indicó que “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
(AFP)Por su parte, en Puno, mencionaron que se “observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
