Entre otros problemas que hay en el proceso contra la excandidata presidencial es que varios tomos de la acusación de la Fiscalía no se encuentran digitalizados y hay 67 apelaciones pendientes de ser resueltas.
El inicio del juicio oral por el caso ‘Cócteles’, que involucra a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular en aportes no registrados en las campañas electorales del 2011 y 2016, estaría en peligro de retrasarse y se realizaría el próximo año.
Según el diario La República, un informe elaborado por una especialista del Poder Judicial, identificada como Roxana Campos López, remitió al juez Víctor Zuñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, para indicarle que el expediente de Fujimori se encuentra muy desordenado e incompleto.
En rigor se menciona es que se incumplió un acuerdo suscrito en marzo para que se entregue todos los folios vinculados al proceso de la tres veces excandidata presidencial a Zuñiga de forma digitalizada. Dicha tarea tendría que haberse ejecutado por parte de la doctora Ingrid Naveda y la especialista en audiencias, Luis Vera.
Y el asunto se agrava más porque la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, instancia a la que la defensa legal de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha recurrido en más de una ocasión, hizo notar sobre las falencias que tiene el expediente de Keiko Fujimori, acusada por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal, al no tener la información completa, al juzgado de Zuñiga.
A raíz de este problema, el informe de Campos propone que exista un espacio en el área de informática con el fin de que los jueces de la Sala Penal de Apelaciones puedan acceder a toda la data que hay sobre el caso de Fujimori y Fuerza Popular.
Adicionalmente, el documento anota que aún hay 67 apelaciones que se encuentran pendientes de resolverse para que se inicie el juicio oral. Sugiere sean tramitadas de manera independiente y no en paquete porque podrían haber quejas de los abogados de Fujimori y los demás coeimputados.
Por otro lado, otro asunto que preocupa es el reciente recorte de trabajadores que se dio en febrero pasado y la ola de renuncias de personal juridiccional. A raíz de esto es que la especialista del Poder Judicial propone que dos secretarias se dediquen exclusivamente a la investigación contra la lideresa fujimorista.
“La complejidad del expediente que contiene 101 resoluciones y 1000 ingresos se procedió a oficiar el 14 de julio de 2023 a la administración del Módulo Procesal Penal y a la presidencia de la Corte a fin de que se designe mínimamente dos asistentes jurisdiccionales que se encarguen a dedicación exclusiva a la revisión y elevacion de los recursos presentados”, dice el documento obtenido por el diario La República.
La trama y los coimputados
Como es público, el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato sostiene que Fujimori no informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que la constructora brasileña Odebrecht brindó aportes para sus campañas presidenciales. En concreto se informa de 1 millón de dólares de procedencia ilícita entraron a la arcas de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.
Este monto fue confirmado por Jorge Barata, exsuperitendente de Odebrecht, cuando fue interrogado por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Según indicó, estos montos provenían del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, “caja 2″, como también se le conocía.
Aparte de Fujimori también se encuentran involucrados su exesposo Mark Vito Villanella, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Vicente Silva, José Chlimper y Vicente Silva. Todos ellos, aparte de estar sujetos a un juicio oral por esta trama que podría llevarlos a 30 años de prisión, tampoco tienen la oportunidad de abandonar el país por 36 meses tal como se dictó en junio pasado para evitar cualquier fuga.