El presidente había señalado al exministro de Santos de ser uno de los responsables de encubrir el pago de sobornos para obtener un contrato de la Ruta del Sol II
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a escoger al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez como blanco de sus habituales críticas a la corrupción que carcome Colombia. Con una serie de trinos que publicó en los últimos días, señala el supuesto rol del exfiscal en el pago de sobornos que realizaron el Grupo Aval y la brasileña Odebrecht para obtener un contrato de la Ruta del Sol II, en 2009. El exjefe de la Fiscalía, ministro de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2015, ha recogido el guante: ha solicitado este martes que el presidente rectifique sus acusaciones. “Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así”, le dijo en una carta.
El detonante del nuevo cruce de mensajes fue la decisión que tomó la semana pasada el Grupo Aval, de la poderosa familia Sarmiento Angulo, de negociar con las autoridades estadounidenses el pago de una multa que cierre las investigaciones en su contra por el pago de sobornos para hacerse con la Ruta del Sol II, un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe. Aval, que era socio de Odebrecht en esa obra, se comprometió a colaborar con la justicia, a fortalecer sus procedimientos anticorrupción y a una multa de 60 millones de dólares (unos 243.000 millones de pesos colombianos). A cambio, sus directivos no enfrentarán cargos penales y sus empresas dejarán de aparecer en los reportes como investigadas por este caso de corrupción.
Petro ha expresado su descontento con el acuerdo a través de X —el nuevo nombre de Twitter—. Lo ve como un encubrimiento de algo que debe investigarse y compensarse en Colombia, algo que considera que no se realizó de manera adecuada por culpa de Martínez y otras personas. El presidente recordó que el exfiscal era el abogado del Grupo Aval cuando se realizó un contrato de estabilidad jurídica para proteger a la concesión de la Ruta del Sol de cambios fiscales y regulatorios, que, en sus cálculos, redujo el pago del impuesto de renta del 35% a un poco más del 1%. Según Petro, el exfiscal recibió una comisión de éxito por ese contrato y luego obstaculizó la justicia cuando la concesión fue investigada en la Fiscalía General. “Este Gobierno desea blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro”, declaró.
La carta de Martínez refuta varios de los señalamientos del presidente. Afirma que no fue el abogado del consorcio al momento de la adjudicación de la concesión y que, en realidad, los asistió para el contrato de estabilidad jurídica. “[Lo hice] por un encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta”, se lee en la misiva. Además, asegura que el contrato de estabilidad no produjo una reducción del pago del impuesto de renta y que el soborno implicado fue menor al que dijo Petro. Rechaza haber obstaculizado las investigaciones durante su periodo como fiscal general (2016-2019) y comenta que denunció las irregularidades antes que el mismo Petro. “Fue en 2017, durante mi época de fiscal general, que se descubrió la existencia de pagos ilícitos a servidores públicos para impulsar este contrato”, subraya.
“Independientemente de la necesaria rectificación, me anticipo a precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión, que tanto parece incomodarle”, concluye la carta del exfiscal general, quien ha militado en el partido de centroderecha Cambio Radical y está acostumbrado a confrontar con los funcionarios del Gobierno. Petro, por su parte, pidió horas después a la Fiscalía que reabra los casos e investigue a los destinatarios de las coimas. Asimismo, quiere que la Cancillería colabore con Estados Unidos y Brasil para establecer los daños que el Grupo Aval y su socio le han generado al Estado colombiano. “Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, enfatiza.
Las acusaciones entre ambos dirigentes llegan en medio de días difíciles para el mandatario. Tras el escándalo causado por el anuncio de su hijo Nicolás de que aportará pruebas a la Fiscalía sobre el dinero que presuntamente aportaron figuras como el exnarco Samuel Santander Lopesierra y el hijo del contratista Alfonso El Turco Hilsasca a la campaña de su padre, un informe de Caracol Televisión reveló el domingo que un narcotraficante y su esposa organizaron celebraciones en Yopal (Casanare) para apoyar la candidatura presidencial del año pasado. Aunque Nicolás aclaro que su padre no sabía de esos recursos, y la esposa del narco ha negado que hayan dado dinero a la campaña, Petro ha demostrado en redes sociales la importancia que le atribuye a que se cuestione su honestidad. “Cada vez que sea calumniado no me callaré, pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite”, escribió en uno de sus varios mensajes.
