La mala gestión pública ha ocasionado que los productos proporcionados por el Estado no llegue a la población o no sean distribuidos de forma que garantice una alimentación saludable.
Los niveles de pobreza se ha agudizado y ello se ve afectado en la salud de las familias peruanas. En medio de una crisis por inseguridad alimentaria y altas cifras de anemia, la población considerada como vulnerable —niños, gestantes y adultos mayores— deberían tener una porción de alimento garantizado a través de diversos programas sociales. Sin embargo, la mala gestión de las autoridades ha ocasionado que estos alimentos no lleguen hacia estas personas.
Hace algunas semanas, una alerta internacional alertó a todos los peruanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que el país encabeza el ranking de la inseguridad alimentaria en Latinoamérica.
Para Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, se trata de una alerta “moderada” y que la inseguridad alimentaria asciende casi al 50%. Es decir, en cada familia hay una persona que no está comiendo su porción diaria de alimentos.
Inseguridad alimentaria moderada alcanza al 50% en el Perú, reveló el ministro de Desarrollo e Inclusión Social|AndinaAunque los datos no precisan edad de las personas que no consumen alimentos, sí hay datos claros que reflejan que la salud de los niños está siendo perjudicada por problemas en la alimentación: uno de cuatro niños menores de cinco años tiene anemia, según la FAO. Pese a ello, los alimentos supuestamente garantizados por el Estado no llegan por problemas en la administración pública.
Qali Warma en investigación
El programa Qali Warma fue creado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con la finalidad de que escolares de nivel inicial y primaria de instituciones educativas públicas de todo el país puedan acceder a una alimentación adecuada en las escuelas.
Las porciones deberían consumirse en los colegios, de manera que los docentes supervisen los hábitos alimenticios de los menores. Sin embargo, desde que inició la pandemia por el COVID-19, se dispuso que todos los beneficiarios reciban los productos de forma individual para que sean preparados por los padres de familia o responsables.
16,5 millones de peruanos están en situación de inseguridad alimentariaAunque las restricciones por la llegada del coronavirus ya culminaron, estos alimentos continúan distribuyéndose en cajas para que sean elaborados por cada familia. No obstante, esto no garantiza que los menores reciban la porción adecuada para tener una buena alimentación.
La extitular del Midis, Paola Bustamante, conversó con Latina Noticias y afirmó que los desayunos de Qali Warma deben ser entregados en las escuelas y no repatirlos a las familias. “Se convirtió en un programa que entrega bolsas de alimentos para que los coman en sus casas, con lo cual están desvirtuando totalmente el objetivo del programa de alimentación escolar”, indicó.
Ante la denuncia hecha por el medio, el primer ministro Alberto Otárola destacó que el Poder Ejecutivo iniciará una investigación “exhaustiva” en la gestión de este programa del ministerio de Desarrollo en Inclusión Social.
‘Vaso de leche’ no se entrega en SJL
El Ministerio Público ha llevado a cabo una operación a nivel nacional para verificar la correcta distribución de medicamentos y durante este proceso se ha descubierto una preocupante situación en San Juan de Lurigancho. En este distrito, el programa ‘Vaso de leche’ dejó de ser entregado desde principios de agosto debido a problemas en la adquisición de los productos necesarios.
Elma Vergara, representante de la Fiscalía Anticorrupción, explicó que se ha “determinada la invalidez del proceso de compra de hojuelas. La distribución de leche no puede llevarse a cabo si los componentes no están disponibles”.
La FAO indicó que la inseguridad alimentaria es impulsada por factores como la pandemia, la crisis de los fertilizantes y la guerra en Ucrania. (Andina)Gina Chávez, gerente de la municipalidad del distrito, brindó explicaciones sobre esta situación y detalló que se identificaron ciertas observaciones que llevaron a la suspensión del proceso de compra de productos alimenticios y, consecuentemente, a la interrupción de la entrega de estas raciones.
Según informes de Latina Noticias, alrededor de 100 mil personas podrían verse afectadas por la suspensión en la entrega de avena con leche, un beneficio proporcionado por el Estado. Debido a problemas de gestión pública, se estima que unos 19 mil tarros de leche permanecen almacenados sin poder ser distribuidos, según la Fiscalía de la Nación.
Alfredo Barrenechea, fiscal de prevención del delito, mencionó que “lo ideal sería que estos alimentos llegaran a las personas necesitadas, pero debido a supuestas deficiencias en el proceso, no es posible realizar la entrega”.
