La procuraduría especializada en delitos de lavado de activos solicitó al ex secretario general de Fuerza Popular y demás procesados ese monto como reparación civil. El Poder Judicial admitió el requerimiento para evaluarlo.
Se abre la posibilidad que el Estado peruano reciba de reparación civil la cuantiosa suma de 700 millones de soles de parte de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, y de otro investigados, en el marco del sonado caso que involucra a la Universidad Alas Peruanas y alguno de sus familiares con el presunto delito de lavado de activos.
Infobae Perú conoció -por fuentes cercanas a la Procuraduría Pública- que el Poder Judicial admitió a trámite su requerimiento para que el también excongresista, bastante cercano a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, y los otros procesados paguen la millonaria suma por generar perjuicio al Estado.
Después del caso Orellana, según el Ministerio Público, este el más grande en temas de lavado de activos. Las proyecciones fiscales apuntan a que Ramírez y los otros involucrados, bajo la figura de una supuesta organización criminal, blanquearon 350 millones de dólares (al cambio, actualmente, más o menos mil millones de soles).
En julio del 2019, la fiscalía dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez Gamarra y parte de su familia.A inicios de abril de este año, las autoridades fiscales y policiales montaron un megaoperativo por el proceso contra el exsecretario fujimorista y se incautaron más de 290 bienes, entre edificios, vehículos de lujo, avionetas y costosos inmuebles, por un valor total de mil millones dólares.
“Quien no de la debe, no la teme”, fue la frase que usó Joaquín Ramírez, ante la prensa, mientras terminaban de allanarlo, en ese momento.
En todas las formas, él siempre ha negado que tenga que ver con el delito de lavado de activos y que desde que era cobrador de combi, solo se había ganado las cosas ‘con su esfuerzo y trabajo duro’ el ser millonario. Lo cierto es que, el Ministerio Público asegura tener un sólido caso y fuertes elementos de convicción en contra de los investigados.
Para el Ministerio Público, Ramírez y al menos 13 de sus familiares habrían montado una presunta organización criminal dedicada al fraude y blanqueo de dinero.Juez declaró fundado el requerimiento
El Comercio compartió extractos de la resolución en la que el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declara fundado el requerimiento de reparación civil por 700 millones de soles.
