El problema de la criminalidad en el Perú es la consecuencia de un estado incapaz de brindar oportunidades legales de desarrollo personal, económico y social a todos sus ciudadanos. Este problema social se agrava desde finales de los años 80 del siglo pasado, mucho antes de la masiva inmigración foránea.
La inestabilidad política ahonda aún más este problema al no poderse planificar, implementar y desarrollar adecuadamente una estrategia concertada entre las diversas instituciones responsables, es decir, los que hacen las leyes, los que administran las leyes y los que controlan la debida aplicación y ejecución de dichas leyes (poder legislativo, poder judicial y fuerzas del orden).
En un estado donde los legisladores tienen un 90% de rechazo ciudadano, es evidente la necesidad de una profunda renovación de la ley electoral y de partidos políticos.
El ciudadano es consciente, que, en el Congreso, las momias políticas enquistadas en sus poltronas desde hace décadas y los nuevos representantes de la voluntad popular, en vez de legislar a favor de los peruanos y el bien común, lo hacen a favor de las mafias propietarias de las universidades chicha, la minería ilegal o el transporte público informal, luciendo una vez más su egoísmo, mediocridad, displicencia e ineptitud.
Con un poder judicial muy afectado por una corrupción transversal, (desde la mesa de partes, los secretarios de juzgado, los peritos judiciales y los jueces y fiscales), por supuesto no todos, y que además no cuentan con la mínima infraestructura adecuada, ni los medios tecnológicos necesarios para cumplir sus funciones, es imposible mejorar la administración de justicia.
Eso no se logra con disposiciones populistas, como la de la fiscal general, de obligar a los fiscales de turno a permanecer presencialmente, y disponibles las 24 horas, en instalaciones que no reúnen los mínimos requisitos para el cumplimiento de una labor de estas características.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia que para el año 2023 tiene asignado un presupuesto de 797 millones de soles. Las 68 cárceles peruanas tienen una capacidad máxima de albergue de 41,200 personas para una población penal real de 90,000 reclusos; el penal del Callao tiene una capacidad de 572 internos y acoge a 3,450 personas. El estado gasta un promedio de 5,000 soles mensuales por recluso, según informa el mismo ministerio.
Con escasos recursos, con infraestructuras deficientes, sin medios tecnológicos, con material humano poco preparado, mal remunerado y afectado por esta corrupción endémica, el INPE no puede afrontar con eficiencia y eficacia sus responsabilidades.
Las fuerzas policiales cuentan con 140,000 efectivos en sus filas, con cuadros de oficiales y suboficiales preparados técnicamente para ejercer la función asignada. Sin embargo, para ejercer dicha función de velar por el cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad, incluso mediante el uso legal de la fuerza del estado, deben ser apoyadas por los estamentos legislativo y judicial. La actual satanización de las actuaciones policiales, difundida por los medios de comunicación amarillos y otros afines a diversos grupos antisistema o neonazis, hacen más difícil su labor.
Las fuerzas armadas no están técnica ni ideológicamente preparadas para controlar ni reprimir la delincuencia, los soldados de todos los ejércitos del mundo son instruidos para matar al enemigo en tiempos de guerra, esa es su función. Cada vez que los gobiernos peruanos decretan el estado de emergencia para reprimir marchas, movilizaciones o protestas ciudadanas, tenemos que lamentar muertes.
La criminalidad en el Perú ha evolucionado hacia un grado mayor de violencia con la presencia de bandas delictivas extranjeras, motivadas por dominar el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el robo y el asesinato por encargo. Esta situación demanda una actuación inmediata e impostergable de los gobernantes, modificando el código penal y procesal penal, respetando el estado de derecho.
Una labor de largo aliento tiene la sociedad peruana para superar los diversos retos que afronta en la actualidad, y los que deberá afrontar en el futuro próximo, una transformación en la cosmovisión del ciudadano solo puede lograrse desde la educación y la inculcación de valores de responsabilidad personal y social desde la niñez, es decir una generación.
