Indígenas brasileños participan en una protesta por la demarcación de tierras y contra el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, junto al Congreso Nacional en Brasilia, Brasil, 24 de agosto de 2021. © Reu
Centenares de miembros de diferentes pueblos originales oriundos en su mayoría de la región amazónica protestan desde el lunes 23 de agosto contra las medidas del Ejecutivo brasileño como el ‘Marco temporal’, que reconocería como tierras ancestrales solo las que estaban ocupadas por comunidades indígenas antes de 1988, lo que abriría la puerta a las grandes empresas para usar esos terrenos para tala y ganadería entre otros.
La comunidad indígena brasileña está sumida en un nuevo pulso contra el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro para defender sus tierras ancestrales. Esta lucha ha llevado a miles de ellos a protestar en Brasilia para presionar a su favor las discusiones que se realizan en torno al ‘Marco temporal’ de los territorios que ocupan estas comunidades.
Desde el pasado lunes 23 de agosto y hasta el próximo domingo, miles de representantes de varias comunidades intentarán hacer ver al Congreso la necesidad de no adoptar un proyecto promulgado por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro que es considerado nocivo para sus vidas. Muchos de estos representantes han catalogado el momento como “el más importante del siglo”.
Esta serie de proyectos pretenden, entre otras cosas, reconocer exclusivamente como tierras ancestrales de la comunidad indígena aquellas que estaban ocupadas por estos pueblos de forma anterior a la Constitución promulgada en 1988 en Brasil. El resto de las tierras que actualmente ocupan se podrían usar para la tala, ganadería y minería, situación que sería catastrófica para sus comunidades y especialmente para el medio ambiente a nivel global.
De materializarse la ley, estos pueblos verían reducido significativamente su territorio. Los indígenas consideran que tomar 1988 como referencia para catalogar un terreno como ancestral o no, es “injusto” debido a que durante la dictadura militar (1964-1985) ellos fueron expulsados de la mayoría de sus hogares y para 1988 no habían podido regresar a ellos, por lo que apenas dominaban un pequeño porcentaje de lo que antes sí que les pertenecía.
Durante las manifestaciones, Werley Tupayú, miembro indígena presente en Brasilia, constató su indignación. “Este Gobierno genocida nos quiere exterminar. Somos un pueblo que hemos sufrido mucho, mucho de hecho. No solo hoy. En los últimos 500 años hemos sufrido muchas injusticias”.
El Supremo Tribunal Federal tendrá la última palabra
Aunque el conocido como ‘Marco temporal’ está avanzando en su trámite en el Congreso Nacional, aún debe de ser analizado por el Supremo Tribunal Federal (STF), un órgano fuertemente enfrentado a Bolsonaro. Esta cuestión será debatida en la máxima corte desde este miércoles, aunque se espera que la decisión lleve varios días.
Desde que Bolsonaro llegó al poder, en 2019, los indígenas multiplicaron sus denuncias sobre invasiones a sus tierras, violencia y otras agresiones a sus derechos. El político se ha mostrado en varias ocasiones admirador de la dictadura que tanto daño hizo a los pueblos indígenas brasileños y, además, llegó al poder gracias al apoyo financiero de empresas madereras y cárnicas.
El afán de explotación del actual Gobierno brasileño en la Amazonía es una de las cuestiones que más preocupa a nivel mundial dada la gran importancia ecológica que tiene esta región, la más diversa del planeta. Pero da la casualidad de que la mayoría de las riquezas mineras están bajo el subsuelo de esta zona.
La situación preocupa también a Naciones Unidas, que ya se ha expresado a través de un comunicado. “Si el STF acepta el ‘Marco temporal’, podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones”, aseguró Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.
Desde la campaña electoral que lo llevó al poder, Jair Bolsonaro se ha mostrado muy en contra de que los 900.000 indígenas que actualmente viven en Brasil ocupen algo más del 13% del territorio con sus reservas, algo que lo ha enfrentado durante este tiempo a los pueblos indígenas.
La Justicia ha sido, durante estos tres años, el mayor freno y obstáculo que ha enfrentado el Gobierno brasileño ultraconservador, pero está por ver si con este proyecto habrá un rechazo judicial y las consecuencias del mismo.
