Los uniformados se hicieron pasar por guerrilleros y amedrentaron a la comunidad, entre los que estaban menores de edad y mujeres embarazadas
La población de la vereda Boca del Manso en Tierralta, Córdoba, temió por su vida al mediodía del pasado 11 de septiembre. Un grupo de hombres, que cargaban fusiles y se presentaron como guerrilleros, llegó al lugar e interrumpió las labores diurnas de la comunidad. Cámaras de celular registraron el episodio y se ve a menores de edad y mujeres embarazadas, claramente afectados por el miedo, así como las amenazas verbales hacia algunos habitantes por parte de los sujetos armados. Los hechos trascendieron e inicialmente se responsabilizó a las FARC, pero pronto se descubrió la verdad: quienes intimidaron a los civiles eran miembros del Ejército Nacional de Colombia, más específicamente del Batallón de Infantería No. 33 Junín. La indignación rápidamente tomó al país y las autoridades recientemente anunciaron sus primeras determinaciones.
El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, se refirió a lo ocurrido. Precisó que fueron 10 los soldados involucrados. “He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y a los mandos separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar”. Agregó que la Fiscalía y la Procuraduría tomarán acciones de carácter penal y disciplinario.
Este miércoles, funcionarios de ambas instituciones, junto con personal de la Defensoría del Pueblo, se desplazaron hasta la zona para investigar y recolectar testimonios. En su traslado en helicóptero fueron atacados por una ráfaga de disparos que impactó el tanque de combustible de la aeronave y se vieron obligados a desviar su rumbo para evaluar los daños. Los 20 tripulantes salieron ilesos y, a las pocas horas, el Clan del Golfo se atribuyó el ataque.
El fiscal general, Francisco Barbosa, quien calificó lo acontecido en Tierralta como un suceso “repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país”, confirmó que vinculó en la investigación a otros uniformados, además de los 10 que fueron apartados temporalmente de sus labores. “Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación. Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación”, indicó.
Si bien las pesquisas giran alrededor de acciones ejecutadas por miembros de la Fuerza Pública, le corresponde a la Fiscalía y no a la justicia penal militar adelantar las acciones penales ya que, como afirmó el propio general Ospina, “no son actos del servicio”. La Defensoría, por su parte, comunicó que está indagando una denuncia sobre un presunto caso de violencia sexual cometido por los soldados.
