Comisión Permanente. Informe final votado acusa al exjuez supremo de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal. Al extitular de Educación, de omisión, rehusamiento y demora de acto funcional.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acusa al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi del delito de tráfico de influencias agravado y como instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, además de patrocinio ilegal en agravio del Estado.
Durante la sustentación de los cargos se dijo que las imputaciones tienen origen en dos hechos: que Hinostroza llamó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, el 15 de enero de 2018 a fin de que intermedie en la renovación del contrato de locación de servicios de Brian Rojas. El beneficiado es hermano de Karen Rojas, secretaria de confianza del juez supremo Aldo Figueroa, con quien César Hinostroza compartía labores en el Poder Judicial. Ticona atendió la solicitud y luego se lo comunicó a Hinostroza.
Otro hecho es la contratación de Hidalia Guerrero en el Poder Judicial. Se atribuye a Ticona el haber llamado a César Hinostroza el 19 de enero del 2018 para que Guerrero mantenga su plaza en el Poder Judicial. El pedido también fue acogido.
Se señaló que los medios probatorios permiten establecer que hay fundados elementos e indicios de los delitos atribuidos al ex juez supremo.
Durante su intervención virtual, César Hinostroza afirmó que los cuatro audios utilizados constituyen prueba prohibida y que la interceptación telefónica es inconstitucional e ilegal porque no existe la resolución judicial que ordenó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
Hinostroza Pariachi quiso dar clases sobre legislación y sobre lo que significaba cada delito atribuido. No le sirvió. La denuncia constitucional fue aprobada por 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acusación a Daniel Alfaro
La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sindica al ex ministro de Educación Daniel Alfaro Paredes de infracción constitucional y probable delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, respecto a la edición de textos escolares con contenido sexual ofensivo.
La denuncia, presentada el 15 de abril del 2019, indica que en el periodo del 2 de abril del 2018 al 11 de marzo del 2019 Daniel Alfaro habría omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares. Tal es el caso del texto Desarrollo personal Ciudadanía y Cívica para tercer año de secundaria y donde aparecía un link que da ingreso a una página web con contenido sexual inapropiado.
También alegaron que el exministro obvió a las recomendaciones de sus predecesores Marilú Martins e Idel Vexler, y al pedido de transparencia de la Comisión de Educación de entonces.
En su descargo, Alfaro afirmó que ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni el reglamento de funciones del Ministerio de Educación conciben la función de revisión de textos escolares por parte de un ministro.
“Lo que conciben es poder velar por el correcto desarrollo de las políticas sectoriales y nacionales, así como la conducción del planeamiento estratégico del sector”, sostuvo el exministro de Educación.
Su abogado Aníbal Quiroga anotó que la denuncia no tenía sustento constitucional, por tanto, la Comisión Permanente debía desestimarla. No fue así, la denuncia se aprobó con 19 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Ambos casos pasarán al Pleno del Congreso.
