“Esperamos, de verdad, que Estados Unidos haga una reflexión más profunda sobre lo que impulsaron en Chile. No solo en Chile, sino en otros países de Latinoamérica”, dijo el sábado Gabriel Boric en Washington durante un homenaje a Orlando Leterier, quien fungía como canciller del Gobierno de Salvador Allende, en el lugar donde fue asesinado en 1976 por su lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet.
“No se extingue ni se extinguirá jamás la hora en la que cayeron aquí”, donde fueron “alcanzados por el puño de la DINA”, la policía secreta de Pinochet, “como parte de una política sistemática de silenciamiento”, dijo Boric.
El presidente chileno también hizo alusión al proyecto de resolución de congresistas estadounidenses presentado esta semana para disculparse por la involucración de Washington en el “golpe de Estado contra Allende [en 1973] y la consolidación de la dictadura militar represiva del general Pinochet”.
Al respecto, Boric agradeció la desclasificación de archivos que evidencian que el expresidente de EE.UU. Richard Nixon estaba al tanto de los planes militares para derrocar a Allende e incluso ordenó a la CIA allanar el camino para que los militares tomen el poder. “Esto es muy importante para nosotros, significa mucho para nosotros”.
Resaltando la importancia de defender la democracia al cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, alertó de los peligros que se ciernen sobre los derechos humanos.
“Sabemos que la democracia está amenazada de diversas formas, quizás hoy esas formas sean distintas a las de hace 50 años, pero nuestro compromiso con ella y con el respeto irrestricto de los derechos humanos debe ser total, sin importar las circunstancias, porque no hay inevitabilidades en la historia”, expresó el presidente.
Según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares, la dictadura chilena dejó más de 40 000 víctimas, entre ejecutados, detenidos, desaparecidos, prisioneros políticos y torturados. Grupos de derechos humanos y familias de las víctimas indican que la existencia de un pacto de silencio entre los militares, impide resolver los casos y buscar el paradero de los desaparecidos.
