Casi todo el 2022, Lima Metropolitana y el Callao estuvieron bajo estado de emergencia por disposición del Ejecutivo, con el objetivo de reducir la delincuencia. Sin embargo, las cifras del INEI muestran que, pese a esta medida, el índice de inseguridad aumentó en 6,5 puntos porcentuales en Lima y en 5,2 en Callao. Este incremento de la victimización ha motivado, nuevamente, una declaratoria de emergencia por parte del gobierno de Dina Boluarte. La medida incluye a los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y otros siete de la provincia de Sullana, en la región Piura, por un plazo de 60 días. Diversos especialistas consideran que se trata de una decisión populista e improvisada. ¿Qué falencias hay en la inteligencia policial y en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana?
DESPLIEGUE. La Policía estará a cargo del orden interno de nueve distritos del país durante el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas brindarán respaldo.
La explosión de una granada frente a una discoteca del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el pasado 15 de setiembre, que terminó con 15 personas heridas, ha dejado en evidencia el avance del crimen organizado en Perú. Esta ha sido solo una de las muestras de la falta de estrategias en materia de seguridad ciudadana. En los últimos días, casos de extorsión en el distrito más poblado del país llenaron los noticieros. Restaurantes, bares, discotecas y otros negocios han sido víctimas de este y otros delitos, que ponen en riesgo la integridad de comerciantes y sus familias.
Ante esta situación, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a nueve distritos del país: San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima Metropolitana, y otros siete (Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) de la provincia de Sullana, en la región Piura.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo dicta una medida de ese tipo con la finalidad de reducir actos delictivos. En febrero de 2022, durante la presidencia de Pedro Castillo, también se ordenó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao. Posteriormente, la medida se extendió hasta en seis oportunidades, acumulando un total de 315 días, sin mostrar mayores resultados.
La primera disposición, publicada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2022-PCM, fue ordenada el 2 de febrero del año pasado, indicando como objetivo “reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas”. La medida fue prorrogada por disposición del exmandatario hasta mediados de diciembre, a través del Decreto Supremo Nº 131-2022-PCM, publicado el 29 de octubre de 2022.
Sin embargo, durante el periodo de la emergencia, las cifras sobre inseguridad ciudadana no mejoraron. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre marzo y agosto de ese año, el 26,6% de ciudadanos de Lima Metropolitana de 15 años a más aseguró que había sido víctima de un hecho delictivo. Esto representa 6,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 2021.
En Callao, la tendencia fue similar. Allí, el 23% de la población declaró que había sido víctima de algún delito durante el año pasado. La cifra también implicó un aumento, en este caso, de 5,2 puntos porcentuales.
En lo que respecta a denuncias, durante todo el 2022, se reportaron 165.818 vinculadas a la comisión de delitos en Lima Metropolitana, según cifras del Ministerio del Interior, recogidas por el INEI. Un año antes, según la misma fuente, se registraron 130.160. En otras palabras, las denuncias ante la Policía crecieron en 27,4%, pese al prolongado estado de emergencia.
No solo eso, las estadísticas del INEI también revelaron que, entre febrero y diciembre de 2022, el porcentaje de personas mayores de 15 años que sufrieron un hecho delictivo con arma de fuego en Lima Metropolitana se mantuvo entre el 16,3% y el 14,8%. Sin embargo, luego de los 315 días que duró el estado de emergencia, las cifras siguieron creciendo: entre enero y junio de 2023, el porcentaje llegó a 18,1%, de acuerdo a datos preliminares de la misma fuente.
En el Callao, tampoco se logró reducir la victimización. Entre febrero y diciembre de 2022, el indicador fluctuó entre 17% y 14,5%, mientras que en el primer semestre de este año, el porcentaje se mantuvo en 14,5%, según datos preliminares.
En diálogo con OjoPúblico, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, señaló que, para declararse un estado de emergencia, tiene que existir, primero, una planificación respecto a los objetivos. Y, en segundo lugar, conocer cómo hacer frente al problema. Es decir, un trabajo de inteligencia previo, que permita hacer detenciones y decomisar armamento, entre otras acciones.
“[Actualmente] no hay planificación. Son medidas populistas que dan la apariencia de solucionar el problema. Esto es peligroso y no ha sido bien ejecutado. ¿Cómo se va a tomar una medida de esta magnitud vía zoom [en referencia al viaje a Estados Unidos de la presidenta]? Me parece que esto está mal porque no hay planificación ni políticas públicas para la seguridad”, dijo.
En paralelo, el exministro del Interior Rubén Vargas incidió en que, en el país, “el estado de emergencia ha sido usado demagógicamente por gobiernos que no saben cómo enfrentar el problema”. Y acotó que los estados de emergencia, “como se han hecho en el Perú, están absolutamente desconectados de una estrategia y de políticas públicas”.
EN 2022, LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO ESTUVIERON 315 DÍAS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA”.
“Son anuncios políticos vacíos porque, básicamente, de lo que se trata es de generar cortinas de humo para engañar a la población [dándole a entender] que se está haciendo algo para [remediar] ese problema que les preocupa y les mantiene en zozobra”, afirmó.
Una opinión similar tiene el exministro del Interior, Cluber Aliaga: “Lo ideal sería que exista inteligencia previa [al decreto de estado de emergencia] que permita que, en poco tiempo, se logren resultados. No se trata de poner estado de emergencia sin tener nada listo y afectar los derechos fundamentales de las personas”.
Lo cierto es que la delincuencia sigue avanzando en el país, especialmente la vinculada al delito de extorsión, según información de la Policía Nacional, publicada por el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Entre enero y junio de 2019, se registraron 1.246 denuncias por este motivo. En 2022, la cifra se triplicó, alcanzando las 3.919 denuncias en el mismo periodo. En el primer semestre de este año, asimismo, el indicador creció otro 97,7% (7.747 casos).
Además, entre abril y junio de 2023, la Central Única de Denuncias (CUD) recibió 463 denuncias por extorsión vinculada únicamente a préstamos en la modalidad gota a gota en el ámbito nacional, de acuerdo a información del Viceministerio de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior.
Las tres principales zonas geográficas donde se reportaron estos hechos fueron Lima, Callao y Piura. Dentro de Lima Metropolitana, los distritos con más casos son San Martín de Porres, Comas y San Juan de Lurigancho.
Inteligencia policial
En el año 1992, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú realizó, sin uso de armas de fuego, la captura del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Aunque el grupo fue desactivado años después por el gobierno de Alberto Fujimori, esa experiencia sigue siendo una referencia de inteligencia en las fuerzas de seguridad.
El exministro del Interior, Cluber Aliaga, resume claramente qué es y para qué sirve dicha labor. “Inteligencia policial es el conocimiento, con el mayor rigor científico posible, de la actividad criminal. Es la información procesada, analizada, que te da conocimiento: quiénes son los delincuentes, dónde están, cómo lo hacen, dónde lo hacen, qué equipamiento tienen, quiénes los ayudan, etc. Eso te permite organizar operativos y tomar decisiones”.
Si bien el enemigo ya no es un grupo terrorista, sino las organizaciones criminales, la necesidad de fortalecer los órganos que producen inteligencia policial ha vuelto al debate público por el aumento de los índices de criminalidad, como revelan las cifras del INEI.
ALERTA. La inteligencia policial sirve para una mejor toma de decisiones, anticipándose a actos delictivos y delincuenciales.
Foto: Andina
Especialistas en seguridad ciudadana y exministros del Interior, consultados para este informe, consideran necesario mejorar las unidades policiales que realizan inteligencia para lograr capturar de manera efectiva a los cabecillas de las bandas criminales y, así, lograr su desarticulación.
Según el último censo nacional de comisarías, realizado en 2017 por el INEI, en el ámbito nacional existían, hasta esa fecha, 4.318 efectivos policiales dedicados a la investigación policial. En Lima Metropolitana, en tanto, los agentes dedicados a esa función eran solo 1.129.
El comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, reconoció en una reciente entrevista con Exitosa que su estrategia para la lucha contra el crimen organizado se sostiene en dos aristas: “la primera es preventiva, donde tratamos de controlar territorios, espacios, para que no sean tomados por organizaciones criminales (..), el otro eje es la investigación criminal, lo que implica la inteligencia operativa”, resaltó.
El Manual de Doctrina de Inteligencia Policial indica que la investigación criminal difiere de la inteligencia policial: la primera es el proceso de búsqueda de información para demostrar un hecho punible y, normalmente, se produce en colaboración con una investigación fiscal. Mientras que la segunda sirve para una mejor toma de decisiones, que permita adelantarse a los hechos criminales y delincuenciales. No obstante, en la Policía, los órganos a cargo de la investigación criminal también producen inteligencia.
El manual precisa que la inteligencia operativa policial implica la obtención de conocimientos para anticipar las situaciones de riesgo que impliquen una amenaza a “la seguridad nacional, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana”.
Además, establece que el órgano encargado de centralizar y establecer las directivas de inteligencia policial es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin PNP), la cual recoge información de inteligencia que producen todas las áreas especializadas de la institución.
El especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado, Frank Casas Sulca, indicó a este medio que debajo de la Dirin PNP se encuentra la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic PNP), actualmente liderada por el general PNP Óscar Arriola Delgado. Esta unidad tiene a cargo todas los órganos especializados dedicados a la lucha contra las bandas criminales y toda manifestación ilícita.
En esta área se encuentra la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), entre otras.
Para el general PNP en retiro y exministro del Interior Cluber Aliaga, esta última —la Dirincri, actualmente a cargo del general PNP Luis Flores Solís— es la encargada de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Además, también está facultada para producir inteligencia operativa para desbaratar bandas criminales.
LA PNP HA RECONOCIDO QUE LOS ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL TIENEN DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURA”.
“Por ejemplo, en el caso de San Juan de Lurigancho tendría que ver la Dirincri porque es un tema de extorsiones, cobro de cupos, crimen organizado, eso es la Dirincri”, indicó.
No obstante, la Policía Nacional del Perú ha reconocido en el Plan Mariano Santos 2030, aprobado en 2021, que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic PNP) tiene, por lo menos, deficiencias de infraestructura.
El Plan señala que, hasta esa fecha, se habían identificado 237 inmuebles utilizados por los órganos especializados inmersos en la Dirnic PNP en todo el país. De ese total, apenas el 15% eran propiedad de la PNP o del Ministerio del Interior, 25% eran cedidos en uso, 20% alquilados, 5% provenientes de donaciones, y del 34% restante no se logró conseguir información sobre el propietario de los inmuebles.
En el plan se menciona, asimismo, que el 67% de los inmuebles estaban construidos con material noble. Mientras que solo el 3% estaba en muy buenas condiciones.
Sin embargo, el sistema de investigación criminal e inteligencia policial no se limita a este nivel. El exdocente de la Escuela de Postgrado de la PNP, Frank Casas Sulca, recuerda que también existen los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri).
El especialista explica que las Depincris responden a las macro regiones policiales o regiones policiales. En el caso de Lima, existe la Región Policial Lima. Según el informe de Supervisión Nacional a los Departamentos de Investigación Criminal (2018) de la Defensoría del Pueblo, hay 26 Depincris en Lima Metropolitana.
El propio documento revela que los Departamentos de Investigación Criminal constan de dos secciones: la de investigación criminal —encargada de conseguir información que aporte a la investigación fiscal— y la de inteligencia —donde se produce información para el desbaratamiento de bandas criminales—.
Sin embargo, en la práctica, ambas áreas comparten información. “La Dirincri son para casos más complejos, las Depincris para casos medianos y las Seincri para casos menores”, indicó el exministro Cluber Aliaga.
EN LIMA METROPOLITANA, EXISTEN 26 DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA NACIONAL”.
El comandante general de la Policía, general PNP Jorge Angulo Tejada ha afirmado que un punto clave en la estrategia policial es fortalecer los órganos de inteligencia. Sin embargo, no queda claro a qué nivel de la institución se refiere. “El nivel de organización de la estructura es bastante amplio y complejo. Entonces, cuando hablan de investigación criminal e inteligencia, a qué nos estamos refiriendo. ¿A todo? ¿A una parte? Eso no está claro”, señala Casas Sulca.
Al ser consultados por qué medidas podrían fortalecer la inteligencia policial, el general PNP en retiro Alberto Jordan Brignole sostuvo que el Gobierno debe evaluar la creación de un grupo similar al GEIN para que se dedique exclusivamente a la lucha contra el crimen organizado. Mientras que el general PNP en retiro Cluber Aliaga planteó la necesidad de tener, nuevamente, un órgano como la Policía de Investigación Policial (PIP), reestructurada y autónoma. Este grupo estuvo vigente entre 1948 y 1988, y era el encargado de realizar la investigación criminal.
OjoPúblico solicitó una entrevista con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, a través de su oficina de prensa. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
Política y seguridad ciudadana
Hace 20 años, entró en vigencia la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), N° 27933, con la finalidad de orientar las acciones del Estado en materia de seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior es el ente rector de este sistema, por intermedio de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
A través de esta ley, se dispuso la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), máximo órgano del Sinasec, y el encargado de “formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana” en el ámbito nacional.
Este consejo depende de la Presidencia de la República, pero lo lidera el presidente del Consejo de Ministros. Está integrado por otros 21 miembros, entre ellos, ministros, alcaldes, y representantes de entidades vinculadas a la seguridad ciudadana.
De acuerdo a la norma, el Conasec debe sesionar cuatro veces al año, dos en Lima y dos de manera descentralizada. Sin embargo, en lo que va del año, el Gobierno de Dina Boluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, solo ha convocado a una sesión, en marzo pasado.
ENCUENTRO. El Conasec solo se ha reunido una vez hasta la fecha. La norma señala que las sesiones deben darse al menos cuatro veces al año.
Foto: Presidencia Perú
En esa fecha, la Conasec acordó solicitar facultades al Congreso para legislar sobre seguridad ciudadana y fortalecer el marco normativo en esa materia. Este pedido fue aprobado por el Pleno del Legislativo, el último 20 de setiembre.
Sin embargo, luego de esa sesión del Conasec, no hubo más actividades. La única reunión de este año se dio incluso después de que la Defensoría del Pueblo instara al Ejecutivo a convocar a una sesión, ante la inseguridad que azotaba al país en aquellas semanas.
A tres meses de culminar el año, las cifras han aumentado, pero todavía no se han convocado las tres sesiones restantes, estipuladas en la norma vigente. Durante el 2022, bajo la presidencia de Pedro Castillo, este grupo se reunió solo en dos ocasiones.
OjoPúblico se comunicó con el área de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros para indagar si se ha puesto en agenda las próximas sesiones del Conasec y los motivos por los que, hasta la fecha, solo se ha convocado a una sola reunión. Sin embargo, al cierre de este informe, no hubo respuesta.
El exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, quien fue secretario técnico del Conasec desde 2009 hasta 2012, consideró que el grupo de trabajo debería regresar “a lo que era antes”. Esto debido a que, hasta 2018, el reglamento indicaba que las reuniones del consejo debían realizarse una vez al mes.
EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL, ALBERTO OTÁROLA, SOLO HA CONVOCADO A UNA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA”.
“La norma está dada, pero no se cumple. Entonces, es como si el Conasec hubiese desaparecido. No funciona. Lamentablemente, este gobierno no tiene políticas públicas y solo da disposiciones populistas”, manifestó.
Para el exministro Rubén Vargas, el grupo se ha desgastado debido a que no existen objetivos claros por parte de las autoridades y, en las reuniones, solo se plantean “generalidades y discursos demagógicos”.
“El Conasec tiene todo un marco legal que lo preside el presidente de la República. Pero, lamentablemente, como ha venido funcionando no ha sido eficiente porque no hay estrategias ni ideas claras de qué es lo que se pone en discusión”, resaltó.
Debajo del Conasec, se encuentran los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana (Coresec), que tiene las mismas funciones, pero en el ámbito regional. Este órgano formula planes y estrategias para la lucha contra la inseguridad ciudadana en cada una de las regiones del país, que deben ser aprobados por sus respectivos gobiernos regionales. Además, el representante del Coresec debe dar cuenta de sus avances ante las reuniones del Conasec.
En Lima Metropolitana, por ejemplo, funciona una Coresec, liderada por Rafael López Aliaga, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este medio solicitó una entrevista a la institución edil, pero tampoco hubo confirmación de parte del área de prensa hasta el cierre de este informe.
LA ÚNICA REUNIÓN DEL CONSEJO SE REALIZÓ DESPUÉS DE QUE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTARA AL EJECUTIVO A CONVOCAR LA SESIÓN”.
Por debajo de estas instancias, se encuentran los Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec), que funcionan igual que los demás, pero en su territorio. Más abajo, a nivel de alcaldía, se ubican los Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec).
En el caso de estos consejos debajo de la Conasec, la norma no indica un número obligatorio de sesiones al año.
El especialista en seguridad ciudadana Frank Casas Sulca indicó que la importancia de esta estructura de consejos radica en la oportunidad de incluir las demandas de la población.
“En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se crearon consejos que permitan, en el territorio, establecer un procedimiento de gobernanza adecuado para incluir a la sociedad civil y plantear una estrategia en consenso con la ciudadanía. Estas líneas estratégicas tienen que estar en el marco de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, declaró.
Este medio solicitó una entrevista a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para conocer si han cumplido con la convocatoria de los Codisec. Desde el área de prensa solo indicaron que la actual gestión ha realizado nueve sesiones, pero no brindaron mayores detalles. Desde la Municipalidad de San Martín de Porres, no hubo respuesta.
Facultades otorgadas
El pasado 20 de setiembre, el Congreso de la República otorgó al Ejecutivo las facultades para legislar, entre otros asuntos, en materia de seguridad ciudadana. La propuesta se aprobó con 81 votos a favor, y se exoneró de segunda votación. No obstante, si bien la presidenta Dina Boluarte había solicitado 120 días, el Pleno del Legislativo solo le otorgó 90.
Además, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución, grupo de trabajo que analizó el predictamen del Ejecutivo, señaló que la mandataria deberá presentar un informe de resultados a los 60 días de finalizado el plazo aprobado.
La parlamentaria indicó que las facultades serán otorgadas porque “el Congreso no se puede poner de espaldas” a la situación que atraviesa la ciudadanía.
De acuerdo al texto sustitutorio aprobado por el Congreso, el Ejecutivo podrá trabajar en la actualización de la ley que creó el Sinasec, y por ende, el Conasec. Además, podrá autorizar el uso de recursos de canon y sobrecanon para las estrategias de seguridad ciudadana, así como para el equipamiento y fortalecimiento de la Policía.
PEDIDO. El ministro del Interior, Vicente Romero, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sustentaron el pedido de facultades el 29 de agosto.
Foto: Congreso
Este fue uno de los pedidos constantes que hicieron los congresistas durante el debate en la sesión del Pleno. El legislador Idelso García (Alianza para el Progreso) recalcó, además, que, en Piura, la población vive en constante “zozobra” ante los casos de sicariato y extorsión.
“Tenemos que pedir el fortalecimiento y equipamiento de la Policía Nacional. Es lamentable ver que una comandancia o puesto policial no cuente con vehículos o combustible. ¿Cómo van a hacer frente a las bandas delincuenciales que están azotando día a día al país?”, cuestionó.
Si bien las facultades fueron otorgadas, hubo varias críticas por parte de los parlamentarios al trabajo realizado por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana. El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) cuestionó, por ejemplo, que no exista “ningún plan estratégico adecuado para combatir el crimen”.
“Todo está dentro de la facultad del Ejecutivo, no del Legislativo. La delegación de facultades que ha pedido creo que es innecesaria y, en muchos casos, hasta peligroso el darla cuando no se tiene claro qué es lo que desean hacer”, agregó.
En este escenario, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo Tejada, está solicitando reiteradamente que el Gobierno declare en emergencia a la institución para atender sus deficiencias. Según el general PNP, la mitad de las unidades móviles de la PNP se encuentran inoperativas.
Fuente: OJo Público
