El documento ‘Estudios Económicos de la OCDE Perú 2023’ destaca que el crecimiento se ha ralentizado, que las reformas estructurales son claves para impulsar el crecimiento de largo plazo y que resulta prioritario reducir la informalidad. Además, destaca las consecuencias de la corrupción y el Estado de derecho débil en nuestro país.
“La elevada corrupción obstaculiza la capacidad del Gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones”, sostiene el documento de la OCDE de este año sobre el Perú.
“Un Estado de derecho débil genera un entorno empresarial insuficientemente estable y predecible, lo cual desalienta la inversión, el comercio y el espíritu emprendedor”, asevera también sobre este otro aspecto.
Esta situación nos aleja en la aspiración de entrar a OCDE.
“Hay un llamado de atención a la situación preocupante de deterioro institucional e insuficiente respuesta frente a la extensión de la corrupción en el sector público. Las menciones expresas al servicio civil y la justicia son claves: sin una burocracia basada en el mérito y autónoma del poder político, y con un sistema de justicia bajo amenaza de ser capturado por intereses políticos (como el caso de la JNJ), no habrá posibilidad de desarrollo económico sostenible y se dificultará el proceso de ingreso al club de la OCDE”, dice el sociólogo Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.
“Una simple comparación entre lo que se espera para formar parte de la OCDE y los hallazgos en este documento, en un contexto institucional y político donde [hay] cuestionamientos continuos al balance y separación de poderes, el asedio constante de grupos de poder e intereses particulares para intervenir en el rumbo de importantes reformas públicas, o el desinterés y cinismo de diversos actores públicos para hacer frente a conflictos de intereses y corrupción, solo nos llevan a una conclusión: estamos alejándonos de todo camino hacia la OCDE”, dice el sociólogo Francisco Merino, especialista en temas de corrupción, profesor de la Universidad Católica (PUCP).
“Da la impresión que seguimos asumiendo compromisos internacionales e incumpliendo otros. Deberíamos implementar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento universal vinculante, y tener en cuenta la Observación General 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aborda el impacto de la corrupción en derechos humanos vinculado a actividades económicas, en muchos casos graves y devastadores”, comenta la abogada Krúpskaya Ugarte, profesora de la Universidad de San Marcos.
De este modo, la pretensión del Perú se choca con la dura realidad de falta de desarrollo.
Cumpliendo a medias y retrocediendo
Los casos de corrupción con políticos y retrocesos en la legislación contra este flagelo nos evidencian cumpliendo a medias compromisos claves para aspirar a la OCDE, dicen los expertos.
“El Perú deberá tener como principal objetivo, en mediano plazo, el cumplimiento de pilares de vinculación con OCDE, reforzando sistemas de control interno, cumplimiento del marco jurídico sobre corrupción, garantizar el Estado de derecho con independencia de poderes y respetar los derechos fundamentales”, dice la politóloga y abogada Luisana Vega, profesora de la Universidad de San Marcos.
Reacciones
“Sin burocracia basada en el mérito y autónoma del poder político, y con un sistema de justicia bajo amenaza de ser capturado por intereses políticos, se dificultará el proceso de ingreso a la OCDE”.
Francisco Merino, sociólogo, PUCP
“Estamos alejándonos de todo camino hacia la OCDE. Un cambio de rumbo significativo en favor de la democracia y una gobernanza que ponga al centro a la ciudadanía es urgente y necesario”.
Krúpskaya Ugarte, abogada, UNMSM
“La realidad supera toda expectativa de buena voluntad. Ingresar a la OCDE parece un ejercicio teórico, sin embargo, se debe conectar con la práctica, el problema de la corrupción en el Perú es sistémico”.
Fuente: La República
