Esterilizaciones. La CIDH tiene el Acuerdo de solución amistosa donde el Estado se obliga a investigar y sancionar a los responsables. Él era ministro de Salud.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Alejandro Aguinaga (FP) ha anunciado que convocará en los próximos días a expertos juristas para evaluar la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “No confundamos derechos humanos con encubrimientos a terroristas y violaciones a la justicia. Eso es inaceptable”, escribió en la red X (antes Twitter).
Pero su iniciativa colisionaría con un conflicto de intereses, ya que el parlamentario es uno de los tres exministros de Salud que debe ser investigado por esterilizaciones forzadas aplicadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Esto, según el Acuerdo de solución amistosa por el caso María Mamérita Mestanza Chávez, suscrito en 2023 por el Estado peruano con intervención y aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento, el Estado se compromete, entre otros, a realizar una exhaustiva investigación sobre esterilizaciones forzadas y aplicar sanciones legales contra los que participaron, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.
El Estado peruano también se comprometió a realizar modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Además, a la propia Corte IDH acaba de llegar en agosto el caso de Celia Edith Ramos Durand, quien fue intervenida quirúrgicamente el 3 de julio de 1997, pero tuvo complicaciones médicas que le ocasionaron la muerte.
La CIDH determinó que, aunque Ramos hubiese firmado algún documento previo, no se cumplieron los requisitos y condiciones para que su consentimiento fuera libre e informado.
De María Mamérita Mestanza, señala que fue objeto de acoso por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, en Cajamarca, para que se le realizara una operación de ligadura de trompas. El procedimiento se realizó el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca, sin ningún examen médico previo. Fue dada de alta al día siguiente aún cuando presentaba anomalías como vómitos e intensos dolores de cabeza. También falleció.
Habrá audiencias
La abogada María Ysabel Cedano, de la organización Demus, que sigue el caso, refiere que la Corte IDH convocará a audiencias para escuchar a representantes del Estado, de las víctimas, abogados, peritos, testigos y otros, y que podría pronunciarse en el año 2025.
El congresista Alejandro Aguinaga niega un conflicto de intereses. “Lo que yo quiero es citar a juristas de primer nivel para que den su opinión sobre la permanencia o no del Perú en la Corte, ese es el fondo del asunto, pero no es que yo quiera salirme de eso, yo quisiera que me citen para que me escuchen y vean la patraña que han armado”, respondió.
Tras reconocer que tiene diferencias con la instancia supranacional, alegó que en este momento hay una corriente masiva de peruanos que quieren retirarse de la Corte, “que se sienten vejados por ella porque lo único que ha hecho es perjudicar al país”.
Aprueba la respuesta del Perú a la CIDH
La respuesta del representante del Perú ante la OEA al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde este organismo expresa su preocupación por la investigación sumaria en el Congreso a los miembros de la JNJ, fue calificada por Alejandro Aguinaga como ‘contundente’.
“Insisto, con estas constantes intromisiones es hora de considerar seriamente nuestra salida de la Corte IDH”, escribió el congresista en su red social.
