“Si se miran los datos de la delincuencia, esta afecta a todo el país, pero es muy grave en todas las ciudades de la costa”.
No es solo la seguridad ciudadana sino también el Gobierno y el Perú los que están en emergencia. El Gobierno de Keiko Boluarte es un Gobierno sin rumbo. Los que ocupan los puestos de mando —en el Ejecutivo y en el Congreso— no forman un equipo calificado de gobierno. Son ignaros e iletrados, auténticos DBA. No tienen una idea clara del país que están ‘gobernando’. Han agudizado con medidas insensatas las crisis que venían agobiándonos: la crisis del sistema político (del sistema electoral, de la ausencia de partidos y sobre todo de la forma de Gobierno), del régimen político al que han convertido en autoritario y del estado neoliberal que carece de las capacidades para atender las funciones que tiene.
A todas estas crisis se añade la recesión económica a la que no saben cómo enfrentar. El credo neoliberal les sirve de poco o nada. Carecen de un plan que les permita desplegar políticas públicas coherentes y eficaces. Más aún: el parlamentarismo presidencializado es una pésima forma de gobierno que ha generado más ingobernabilidad de la que ya teníamos con el conflicto de poderes.
Hemos vuelto a la anarquía con la que nació la República cuando el Congreso eligió un triunvirato o Junta Gubernativa incapaz de gobernar y luego a Riva Agüero, quien no pudo superar la anarquía. Ninguna asamblea es capaz de gobernar. Es lo que estamos viendo todos los días en el Congreso que, con iniciativas disparatadas y ambiciones desmedidas, están llevando al Perú al abismo.
La declaración del estado de emergencia de algunos distritos de Lima y de Sullana con despliegue policial y militar es una clara muestra de la insolvencia del actual ‘Gobierno’. La inseguridad ciudadana no es solo un problema policial. Es un problema complejo al que es necesario enfrentar con una política multisectorial. No es problema-causa, sino un problema-efecto, aunque retroalimenta, es cierto, a los problemas-causa. La delincuencia aumenta cuando sube el desempleo, bajan los ingresos, aumentan la informalidad y la pobreza, disminuye el control militar en las fronteras, la educación se deteriora, la corrupción estatal aumenta, etc. Por eso se requiere una política multisectorial para combatirla.
Si se miran los datos de la delincuencia, esta afecta a todo el país, pero es muy grave en todas las ciudades de la costa. Es difícil combatirla si el Estado está desigualmente distribuido en el territorio. Es la Policía la organización específica encargada de combatir la delincuencia, pero tiene que ser reformada para que sea eficaz en esa tarea. Sé que hay cuadros, policías calificados y honestos, pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de todo el cuerpo policial.
La Policía (lo mismo que el Estado) requiere un nuevo diseño institucional y organizativo, mayor calificación de sus cuadros y más recursos fiscales. El diseño organizativo actual es un desastre: Los distritos más inseguros tienen menos policías y los menos inseguros tienen más policías. Más que los aparatos militares se tiene que desarrollar los aparatos de inteligencia. No debe olvidarse que la Policía tiene como objetivo, no reprimir al pueblo, sino protegerlo.
Fuente: La República
