Críticas. Abogados de los agraviados cuestionaron una serie de vicios en las diligencias, como la inclusión en las investigaciones de un exjefe policial que ya pasó al retiro.
Por segundo día consecutivo, el Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales ha realizado una inspección en el escenario donde murieron 18 civiles a causa de las manifestaciones del 9 de enero en Juliaca. Durante estas diligencias, los familiares y los abogados de las víctimas han observado una serie de deficiencias que ponen en tela de juicio el proceso.
La disposición de la carpeta fiscal número 023-2023 incluye la constatación y verificación del lugar de los hechos, el peritaje de especialistas en criminalística, la realización de pericias balísticas forenses, la citación de testigos y la toma de declaraciones de los imputados, entre otras medidas. Estas diligencias están programadas para llevarse a cabo hasta el 15 de octubre.
Ayer, desde las 8:30 de la mañana, los familiares de las víctimas acompañaron al equipo de fiscales en las pericias realizadas en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en el sector de la salida hacia Cusco. Por la tarde, se programaron más diligencias en otras zonas de la ciudad.
César Quispe Calsín, abogado de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, ha señalado que, a pesar de las limitaciones logísticas de la Fiscalía de Derechos Humanos, se están incorporando más testigos y nuevos medios probatorios que pueden ayudar en las investigaciones.
Además, ha manifestado que desde el inicio de las investigaciones en enero, el caso ha pasado por cinco fiscales, comenzando con la Fiscalía de Crimen Organizado. Considera que la Fiscalía de Derechos Humanos, establecida el 3 de marzo, necesita ser fortalecida, pero parece no haber voluntad por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El abogado Carlos Torres Rodríguez ha cuestionado que un solo perito esté llevando a cabo las diligencias y que no se cuente con especialistas en criminalística, equipos GPS ni drones. Ha expresado que no se está cumpliendo con los protocolos necesarios para este tipo de inspecciones.
Otra deficiencia encontrada en la disposición fiscal es que se ha citado al exjefe policial Marco Antonio Lara Vergara, quien en mayo declaró que ya se había retirado en 2021. Torres considera que este error no se ha corregido para buscar la nulidad del caso.
Carlos Torres opina que, dada la importancia de estas diligencias, entidades como la Defensoría del Pueblo deberían supervisar el cumplimiento de la debida diligencia por parte del equipo especial de fiscales, con el fi n de esclarecer los hechos.
El dolor late
Gustavo Illanes Aceituno, padre de Giovanny Gustavo Illanes Aceituno (20), natural de Nuñoa (Melgar), ha relatado que su hijo fue herido por un proyectil de bala AKM de 6 milímetros que entró por la cadera, cruzó por el sacro y salió por su pierna.
Fue llevado al centro de salud de Mariano Melgar, pero llegó sin vida. “Era mi hijo mayor. Ahora solo me quedan mis hijos de 17 y 10 años”, dijo entre lágrimas, al mismo tiempo que cuestionaba los obstáculos que el sistema de justicia les estaba
poniendo con el traslado de las carpetas fiscales a Lima. “Ayer teníamos que declarar ante 25 personas, y ahora estamos teniendo que quedarnos un día más”, agregó.
Los familiares de Nelson Huber Pilco Condori (21) sienten que no hay voluntad por parte del Gobierno para esclarecer los hechos. Su hermano John Clinton, quien lo acompañó hasta sus últimos minutos de vida, hizo un llamado al pueblo de Juliaca para que les ayude a buscar justicia. “Nosotros no somos terroristas, no somos vándalos, como esa señora Dina dice”, declaró doña Isabel Mamani, madre del joven que recibió un disparo en los pulmones. Sus padres destacaron que era el sostén de la familia y que también tenía habilidades deportivas y musicales.
Les falta Logística
Carlo Torres alega que a este grupo de trabajo no se le ha brindado la logística adecuada para que cumpla con sus funciones a cabalidad. Eso se pudo evidenciar en los espacios que tuvieron que improvisar como escritorio bajo el inclemente sol y con mobiliario inadecuado.
Asimismo, dijo que el día que ocurrieron las muertes, los fiscales no realizaron varias diligencias, lo que implica omisión de funciones. Junto a los abogados que ejercen la defensa de los agraviados, evalúan denunciarlos ante el Órgano de Control del Ministerio Público.
