PSOE y Junts formalizaron el jueves un acuerdo que facilita la próxima investidura de Pedro Sánchez. El pacto incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el procés y una mesa de negociación en la que participen ambos partidos con un verificador internacional y que aborde dos cuestiones: el encaje de Cataluña en España y la financiación de la comunidad autónoma. Este es el texto completo oficial del acuerdo formal que rubricaron ambas formaciones y un análisis de los puntos clave del mismo.

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El acuerdo

El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023.

1. Antecedentes

Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum.

Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa. La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España.

La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista. En ese período, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada.

Las principales propuestas del Gobierno catalán antes de iniciar la vía independentista con la consulta de 2014 llegaron de la mano de Artur Mas, quien reclamó al entonces presidente, Mariano Rajoy, un trato fiscal privilegiado para Cataluña similar al que la Constitución ampara para Euskadi y Navarra. Rajoy rechazó la propuesta y el Gobierno catalán, con enormes dificultades financieras incluso para pagar las nóminas de sus funcionarios, promovió iniciativas fuera del marco legal para convocar la consulta de 2014 y finalmente el referéndum ilegal de 2017, ambos anulados por el Tribunal Constitucional.

Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. Y a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas.

Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El capítulo de antecedentes que encabeza el acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, garantizar la futura estabilidad de su Gobierno y promover una ley de amnistía que borre los delitos cometidos por cientos de independentistas catalanes, entre ellos la mayoría del Ejecutivo catalán presidido por Carles Puigdemont, hace un relato de hechos lleno de olvidos.

Los dos partidos firmantes del acuerdo evitan señalar que muchas de las acciones políticas para la independencia fueron prohibidas por jueces y declaradas ilegales. Tan solo recuerdan que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional. El PSOE, uno de los firmantes de este acuerdo, se opuso a esas acciones políticas del Gobierno catalán, aunque no lo recuerda en el texto firmado ahora, ni tampoco que apoyó la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat de Cataluña. Nada se dice sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ordenar a los Mossos el precinto de los colegios electorales para evitar la celebración de la consulta ni tampoco que ordenó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que impidieran la apertura de los centros de votación el domingo. Las cargas policiales que se registraron, criticadas en el texto, se las atribuyen al Gobierno del PP. Al referéndum ilegal del 1 de octubre estaban llamados 5,3 millones de ciudadanos, según la información del propio Gobierno catalán, pero solo participaron 2,2 millones (43%), de los que el 90% votó a favor de la secesión. El relato de hechos tampoco recuerda la declaración unilateral de independencia que hizo Puigdemont ni que suspendió “sus efectos” unos segundos después en “aras del acuerdo y del diálogo”.

2. Oportunidad histórica

Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto.

Los dos partidos asumen la existencia de un conflicto en Cataluña, una “cuestión de fondo que sigue sin resolverse” y que consiste en la reivindicación de la independencia por una parte de la clase política que ahora suma mayoría absoluta en el Parlamento catalán constituido tras las elecciones autonómicas de 2021. Esos partidos (ERC, Junts y CUP) sumaron menos del 30% de los votos en Cataluña en las últimas elecciones generales de julio de 2023.

PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. La resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad.

Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya.

Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Catalunya.

Acuerdos

El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones.

El PSOE remarca en esta parte del acuerdo la ilegalidad del desafío independentista catalán, algo que obvia en los antecedentes que describen lo ocurrido en Cataluña. Los socialistas niegan “toda legalidad y validez al referéndum”, así como a la declaración unilateral de independencia que el propio Carles Puigdemont suspendió apenas unos segundos después de proclamarla dando por válido el resultado de la consulta anulada por el Constitucional. Los socialistas afirman en el acuerdo su rechazo a cualquier acción unilateral, que es tanto como sugerir que si los independentistas vuelven a intentar algo parecido al referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia, se actuará contra ellos. Por su parte, Junts ve legítimo el resultado y el mandato del referéndum así como la declaración de independencia, algo que los tribunales y el Constitucional niegan.

Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue.

El mecanismo de verificación internacional, que frustró la primera mesa de diálogo entre el Gobierno independentista catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez de 2019, vuelve a ser una pieza clave del acuerdo que los socialistas han alcanzado tanto con ERC como con Junts. La línea roja que frustró el primero de los acuerdos en 2019 se ha convertido ahora en una concesión del PSOE a los independentistas para garantizarse el acuerdo de investidura.

Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso:

• La metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos.

• Los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones, que en términos generales se agrupan en dos grandes ámbitos permanentes: las de la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya. En ese sentido y en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva:

o En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.

Independencia frente a autonomía. El acuerdo del PSOE y de Junts asume la apertura de un diálogo sobre el futuro de Cataluña y, a partir de aquí, admite la enorme distancia que separa a las dos partes respecto a la solución política al conflicto. Junts defiende celebrar de nuevo un referéndum de autodeterminación “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Numerosos juristas y el propio Tribunal Constitucional han señalado que ese artículo 92 no puede amparar el referéndum para la secesión. Mientras tanto, el PSOE admite la posibilidad de negociar una ampliación del autogobierno del que ya goza Cataluña a través de su Estatuto de 2006, el mismo que el Constitucional recortó tras declarar inconstitucionales 14 de sus 245 artículos.

o Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas] que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.

• La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

El texto del acuerdo señala que el objetivo de la futura ley de amnistía es “procurar la normalidad política, institucional y social”, dando por sentado que la situación actual en Cataluña es de anormalidad política, institucional y social. El acuerdo aclara que la amnistía afectará a todos los ciudadanos y políticos encausados (condenados, procesados o imputados) por hechos relacionados con las convocatorias ilegales de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017.

De otros independentistas encausados por corrupción o blanqueo de capitales sin relación con el ‘procés’, pero que los negociadores de Junts consideran que son víctimas de una actuación prevaricadora de los jueces (lo que denominan ‘lawfare’), el texto del acuerdo sugiere que se investigarán sus casos en comisiones del Congreso de los Diputados para determinar (los parlamentarios) si los independentistas afectados han sido víctimas de una supuesta persecución judicial. Una vez que se llegara a esa conclusión, el texto del acuerdo señala que podrían aprobarse reformas legales. La primera lectura de este texto no aclara si esos casos serán también amnistiados y cómo lo recogerá el texto de la proposición de ley. El PSOE difundió un argumentario para responder a las críticas de las asociaciones de jueces al conocer el texto del acuerdo: “El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”.

• La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio.

• La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.

• La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo.