El ascenso de Bernardo Arévalo a la cima del poder en Guatemala se ha vuelto una carrera de obstáculos que ni siquiera su amplio triunfo electoral eliminó por completo.
Luego de ser elegido presidente guatemalteco en un balotaje el 20 de agosto con un 60,9% de apoyos y con un discurso anticorrupción, Arévalo ha denunciado un intento de “golpe de Estado” para evitar que asuma el cargo el 14 de enero.
Este sociólogo y diplomático de 65 años denuncia que las tentativas de burlar los resultados electorales por parte de funcionarios públicos corruptos incluyen la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, el partido progresista cofundado por él.
El Ministerio Público asegura que hay irregularidades en la constitución del partido del presidente electo.
Arévalo señala en concreto a la fiscal general Consuelo Porras, a la que pide que dimita después de que ordenara allanar el Tribunal Supremo Electoral alegando presuntas anomalías en los comicios ganados por Arévalo.
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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denuncia “un golpe de Estado” para evitar que asuma el poder
Porras ha sido inluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por su polémica gestión, pero cuenta con el respaldo del actual presidente, Alejandro Giammattei.
El conflicto generó protestas las últimas semanas en Guatemala a favor de Arévalo, que dio la sorpresa en las elecciones y se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno a la democracia hace casi 40 años
“Están fabricando causas para tratar de criminalizar a distintos actores. No me cabe duda que lo pueden llegar a hacer en contra mía y de los demás”, dice Arévalo en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este experto en resolución de conflictos, que fue electo diputado en 2019 poco después de entrar a la política y es hijo de Juan José Arévalo, considerado el primer presidente democráticamente electo en Guatemala.
Usted ha dicho que en Guatemala parece haber un “golpe de Estado en cámara lenta” para evitar su investidura el 14 de enero. ¿Puede identificar quiénes concretamente buscan impedir que asuma como presidente?
Ha sido muy claro que la persecución política contra el proceso electoral, que se ha ampliado incluso a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la está llevando a cabo el Ministerio Público: la fiscal general de la República con fiscales a su cargo. Entre ellos, el fiscal especial Rafael Curruchiche.
Es una persecución política que se hace de manera absolutamente ilegal, violando competencias establecidas constitucionalmente.
Y es por ese medio que se está intentando violentar la voluntad popular expresada libremente en las elecciones.
Usted ha denunciado que estos funcionarios que menciona no actúan a nombre propio sino que defienden los intereses de otros…
En Guatemala hemos sufrido en las últimas dos décadas un proceso de cooptación de las instituciones del Estado por una élite política criminal que, organizándose en partidos políticos, pasó a asaltar las alcaldías, el Congreso de la República y otros espacios del Estado.
Es desde ahí donde se ha montado este aparato. Y convergen una serie de actores. Políticos corruptos, evidentemente. Hay por ejemplo constructores corruptos. Una serie de actores en distintos espacios que están articulados como una élite político criminal que busca facilitar la corrupción en el Estado.
¿Por qué esa élite criminal, como usted señala, querría evitar que usted asuma la presidencia?
Nosotros ganamos la elección sobre la base de un compromiso con la transformación del país que empieza por eliminar la corrupción, que ha sido el obstáculo fundamental para el desarrollo.
El país ha visto un deterioro en términos de desarrollo: no hay únicamente un estancamiento, sino un retroceso en indicadores de salud, educación, infraestructura y un aumento de la pobreza inclusive. Es el resultado de la cooptación corrupta que hace esta élite político criminal de las instituciones.
El desarrollo con beneficios tangibles será posible toda vez que rescatemos las instituciones del Estado de las manos de estos grupos.
Como ese ha sido nuestro compromiso, lo que hay ahora por parte de quienes no pensaban que íbamos a llegar hasta este momento es la preocupación de que esa estructura que han montado está a punto de empezar a desaparecer, en la medida en que el control del organismo ejecutivo es central para hacer funcionar esa maquinaria de corrupción. Hemos sido claros en que no lo permitiremos.
Ha mencionado en particular a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana como parte de este intento de sabotear su triunfo…
Efectivamente, son parte de esa red.
Ellos sostienen que hay presuntas irregularidades o anomalías en la creación del Movimiento Semilla y que lo que hacen es cumplir con la ley. ¿Qué responde?
En primer lugar, que nosotros fuimos quienes reportamos las irregularidades al descubrir un caso de una falsificación de una firma en los documentos de nuestra constitución original.
Yo, como representante legal del partido en ese momento, puse la denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que hubiera una investigación sobre este hecho.
Estamos de acuerdo en que se haga la investigación. Por eso la comenzamos.
Presentamos esta solicitud ante la fiscalía de delitos electorales, que es la competente para conocer los delitos que se hacen en el marco de la ley electoral y de partidos políticos. Pero resulta que el Ministerio Público decidió trasladar eso a la fiscalía especial contra la impunidad, que opera en el marco de la ley contra el crimen organizado.
A un tema que es administrativo se le está aplicando una ley para la que no hay competencia.
Eso es lo que nosotros estamos demostrando dentro del proceso de cortes. La Fiscalía y el juzgado que ha decretado por ejemplo la suspensión de la personería jurídica del partido han asumido competencias que no les corresponden de acuerdo a nuestro marco legislativo.
¿Qué papel asigna en toda esta situación al actual presidente Alejandro Giammattei?
El presidente Giammattei, después de unos momentos iniciales donde también ponía en duda los resultados, ha dicho muy dramáticamente que va a poner su vida para garantizar que haya transición el 14 de enero.
Pero cuando se le ha pedido por parte nuestra, por la de la Organización de Estados Americanos y por distintos países que se manifieste condenando las acciones ilegales del Ministerio Público, el presidente Giammattei se ha negado a hacerlo.
De manera que está claramente resistiéndose a hacer una crítica de algo que ya es casi universalmente calificado como una ilegalidad flagrante.
¿Hasta dónde cree que están dispuestos a llegar quienes, según usted dice, quieren evitar que asuma la presidencia?
En las últimas semanas hemos visto una serie de decisiones que les van cerrando cada vez más el espacio.
Empezaron el 1º de noviembre, con la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, haciéndolos definitivos e inalterables, lo que cierra la posibilidad de cualquier cuestionamiento espurio que existía.
Ha habido auditorías externas de todos los sistemas que han evidenciado que lo que se reclamaba alrededor del fraude es absolutamente imposible.
Decisiones de la Corte de Constitucionalidad, como reconocer que se nos está negando el derecho de defensa, y la orden que se le da al juez Fredy Orellana para que conozca nuestra demanda por inconstitucional en la aplicación de la legislación contra el crimen organizado para un tema electoral, van cerrando los espacios a esta élite político criminal que está intentando alterar los resultados.
Se van quedando cada vez más solos, pero los que se van manteniendo en esa línea seguramente estarán más desesperados. Es evidente que el marco jurídico ya está jugado y que legalmente no van a poder realizar ninguna acción.
¿En este momento no ve como una posibilidad que haya por ejemplo pedidos de arresto a gente de su equipo, de su movimiento o de usted mismo?
Eso sí lo vemos como una posibilidad. Lo están anunciando. Inclusive uno podría decir que hay una campaña psicológica de intimidación, donde anuncian que hay detenciones inminentes de miembros de nuestro partido.
De hecho ya han solicitado al Congreso el retiro de la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. También la del vicepresidente de la República, que no forma parte de ese grupo político criminal.
Esa es la herramienta que tienen. Lo que yo he dicho es que estamos convencidos de que ni siquiera esas herramientas van a lograr detener el proceso de transmisión de mando que tendrá lugar el 14 de enero.
Pero está muy claro que el Ministerio Público continuará utilizando esas herramientas. Va a seguir intentando criminalizarnos a nosotros, al liderazgo indígena, a los magistrados del Tribunal Electoral por medio de estas causas fabricadas y espurias.
Esos esfuerzos no van a detener el proceso de transición.
¿Cree que pueden llegar a intentar criminalizarlo y detenerlo a usted mismo?
Sí, nosotros sabemos que están intentando fabricar causas contra la vicepresidenta electa Karin Herrera, causas contra mí. Contra el vicepresidente y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya lo han hecho.
Es decir, ellos están fabricando causas para tratar de criminalizar a distintos actores. No me cabe duda que lo pueden llegar a hacer en contra mía y de los demás.
Los guatemaltecos han respondido en forma multitudinaria a sus llamados a protestar pacíficamente para defender los resultados electorales y la democracia. ¿Qué cree que representan para ellos usted y su movimiento político?
Mi candidatura y nuestro partido lo que han hecho es canalizar un sentimiento de hartazgo con una situación intolerable de corrupción en nuestro país. Ha canalizado ese sentimiento hacia la esperanza y la posibilidad de lograr un cambio.
En este momento hay un consenso prácticamente de pared a pared en la sociedad guatemalteca alrededor de la necesidad de defender la democracia y resguardar los resultados electorales.
Los líderes de los pueblos indígenas han liderado esta movilización a la que se han ido sumando toda serie de actores. El sector privado lo ha hecho y hay inclusive un espacio de trabajo conjunto entre los liderazgos empresarial e indígena, con la perspectiva de defensa de la democracia.
La población guatemalteca está asumiendo como propia la defensa, no de Bernardo Arévalo ni del Movimiento Semilla, sino la defensa del sistema democrático y del voto.
¿Ve un riesgo de que la situación política provoque una espiral de violencia a medida que se acerque la fecha en que debe asumir el poder?
No me cabe duda que va a haber quienes van a intentar incitar la violencia.
De hecho, durante el período donde hubo bloqueos de carreteras, que del lado de los manifestantes eran totalmente pacíficos, hubo intentos de infiltrar las manifestaciones por un lado o de provocarlas con violencia armada por el otro.
No tuvieron resultado porque la población ha sabido mantener la calma y ha tenido muy claro que el objetivo de los infiltrados y provocadores es tratar de generar un caos de violencia que justifique la suspensión de garantías constitucionales por parte del gobierno.
Eso ha hecho que se mantenga esa determinación de no cejar en la protesta pacíficamente. Los violentos no van a dejar sus intentos, pero las probabilidades de éxito que tengan son muy pequeñas.
Su triunfo ha generado esperanzas de cambio en buena parte de la sociedad de Guatemala. ¿Hasta qué punto podrá cumplir con esas expectativas, cuando su partido es minoría en el Congreso, ha sido suspendido por la justicia y es probable que su gobierno enfrente una oposición hostil, en función de lo que usted mismo dice?
Muchos de los escenarios como el que usted relata están construidos sobre una proyección del balance de fuerzas políticas que existía en el país antes del 20 de agosto. Ese es un mapa político que se ha transformado de manera muy clara.
Nosotros efectivamente vamos a asumir el poder en condiciones donde muchas de las instituciones del sector justicia, por ejemplo, seguirán tomadas. En el Congreso tenemos la presencia de diputados que son parte de partidos que están realizando estos esfuerzos.
Pero lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un proceso de redefinición de las fuerzas políticas, a partir del reconocimiento de que el viejo juego de la corrupción ya no va a seguir dominando el escenario político.
Entonces tenemos una situación mucho más fluida dentro del Congreso, donde estamos representados 16 partidos. Nosotros estamos dedicados a montar un proceso de diálogo con los distintos sectores sociales para empezar a generar grandes acuerdos alrededor de políticas públicas y reformas que son necesarias.
Sabemos que las necesidades y expectativas de la gente son enormes en términos de los déficits que hay en servicios públicos, desempleo, pobreza, migración.
Al final el punto central de la demanda ciudadana es terminar con el estado de corrupción en que ha vivido Guatemala en estos últimos 15 o 20 años y recuperar las instituciones para empezar el esfuerzo de construir el país. Eso nosotros vamos a lograrlo.
¿Piensa convocar en algún momento a una comisión internacional contra la corrupción en Guatemala, al estilo de lo que fue la Cicig?
En este momento estamos en el proceso de diseño de un sistema nacional anticorrupción, del que haremos los primeros anuncios en cuanto lleguemos al poder el 14 de enero.
Pero en buena medida va a ser un proceso de construcción entre los distintos sectores de la sociedad y va a tener un alcance no solamente judicial. Tendrá un alcance de reforma institucional y legal, de prevención y judicialización de los casos que sea necesario, pero también de cambio cultural.
Estamos dando un marco más amplio al combate de la corrupción en Guatemala. Es una tarea que no se va a resolver de tres a cuatro años. Pero podemos hacer avances significativos para encauzar al país en la dirección correcta.
¿Impulsará una reforma tributaria para que la élite económica de Guatemala pague más impuestos?
No, hemos sido muy claros durante la campaña en que no vamos a impulsar una reforma tributaria.
Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la capacidad de las instituciones del Estado para implementar obra pública. Segundo, recuperar la confianza de la población en las instituciones.
No tiene sentido plantear una reforma tributaria como punto de entrada si la capacidad de ejecución está deteriorada y la confianza en las instituciones es baja.
Hemos hecho un cálculo de fondos que van a volver a estar a disponibilidad del Estado al empezar a combatir las distintas formas de corrupción. Hay estudios que indican que en Guatemala en este momento entre 30% y 40% del presupuesto nacional se va en la corrupción.
De manera que el combate a la corrupción y el cierre a las evasiones fiscales y el contrabando van a generar los recursos que necesitamos para el proceso de desarrollo.
Se habla mucho del deterioro de la democracia en América Latina y en Centroamérica en particular. ¿Considera que lo que pase en Guatemala va a enviar una señal a la región?
La democracia está enfrentando retos no únicamente en América Latina sino en el mundo en general. Tenemos sistemas que se consideraban consolidados enfrentando crisis democráticas profundas, en Estados Unidos o Europa.
La atención internacional que estamos teniendo es porque se reconoce en el caso de Guatemala no únicamente los riesgos que existen para la democracia, sino porque esta vez la respuesta de la población pone por delante la defensa de las instituciones y del sistema democrático.
Eso genera un punto de partida que puede servir como ejemplo a la región. También es una oportunidad para repensar esta crisis global de la democracia y la necesidad de plantearnos procesos para irla recuperando.
¿Cuál es la mayor lección que aprendió de su padre, Juan José Arévalo, considerado el primer presidente democrático y reformista de Guatemala?
La mayor lección es que la política, si no se ejerce desde una base ética, se convierte en un negocio de mercaderes.
Y que la democracia requiere que se recupere la dimensión ética de la función pública y del ejercicio de la política.
¿Y hay alguna lección en particular que haya dejado para usted el gobierno siguiente de Jacobo Árbenz?
Los gobiernos de la Revolución de Octubre fueron democráticos y reformistas, sentaron las bases de lo que tenemos en nuestro país de institucionalidad moderna.
Este país sigue en el marco del código del trabajo establecido por mi padre o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que se crea en esa época de fundación institucional.
La lección que uno tiene que extraer de ese período es la necesidad de pensar en el ejercicio del gobierno no en términos de resultados inmediatos, sino de los grandes objetivos que el país necesita.
Guatemala necesita tener objetivos y horizontes de 30 años para empezar efectivamente a transformar sus estructuras.
