La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó este miércoles que Alberto Fujimori tiene una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
El exmandatario fue sentenciado por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
Según precisaron desde la Procuraduría, el monto actual incluye los intereses generados debido a que el sentenciado no pagó la reparación civil impuesta por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Añadieron que este monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia, pues Alberto Fujimori desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y actualmente no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.
En esa línea, aclararon que el recurso declarado fundado por el Tribunal Constitucional que permite la excarcelación del sentenciado Alberto Fujimori no le libera de que realice el pago de la reparación civil al Estado.
Asimismo, desde la Procuraduría indicaron que el Ministerio Público debe garantizar la permanencia del procesado en el territorio nacional respecto de los casos pendientes de extradición.
Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional resolvió en vísperas ordenar la “inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori, quien purga condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo, del distrito de Ate.
Mediante una resolución aprobada por mayoría, el máximo intérprete de la Constitución ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, dispongan la liberación “en el día” del exmandatario bajo responsabilidad.
Esto al declarar fundado un recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 referida a este proceso. El documento fue suscrito por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez, mientras que el magistrado Helder Dominguez Haro emitió un voto singular.
Pese a ello, durante la noche del martes, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió requiriendo al Estado peruano no ejecutar lo ordenado por el Tribunal Constitucional hasta determinar que se cumplen con las condiciones establecidas en 2022.
