La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo contra los cortes de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos anunciados esta semana
Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, ha dicho Bullrich en conferencia de prensa. El anuncio ha sido un baldazo de agua fría en el país, que atraviesa una disparada de precios y una devaluación del 50% de la moneda en la primera semana de Gobierno del ultraderechista.
El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota, ha apelado a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, ha dicho Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”.
Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”.
Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, ha dicho la ministra, que también ha anunciado que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas.
“Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, ha dicho la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”.
El anuncio ha llegado mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el ministerio de Economía este martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y ha anunciado aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público.
Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, pero Argentina está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los sismos políticos. Esta semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%.
“Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, y los sindicatos y gremios respondieron con convocatorias urgentes para buscar respuestas. Los ojos están puestos en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito de 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país.
El fin de un paradigma
“Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, afirmó Bullrich al final de la conferencia de prensa de este miércoles. Se refería a las reglas de actuación de la policía ante las protestas que fue impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011. El protocolo de Nilda Garré, entonces ministra de Seguridad, establecía algunas reglas básicas de actuación durante las manifestaciones, como que la intervención policial se desarrolle de manera “progresiva”, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta. El protocolo Garré estableció también la prohibición de portar armas de fuego a los agentes que pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes, que las pistolas que disparan balas de goma solo podrían usarse “para fines defensivos”, que todos los agentes y sus vehículos deberían estar visiblemente identificados y que la policía debería garantizar la libre cobertura informativa de las protestas, sin impedir que los periodistas tomen testimonios y fotografías. Lo que implique la derogación de este protocolo todavía no está claro.
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