El denominado “protocolo de orden público” presentado esta semana por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es considerado como una medida que criminaliza la protesta social y violenta los derechos constitucionales, de acuerdo a las denuncias de diversos sectores.

Estas medidas acompañan, además al paquete neoliberal aupado por el Ejecutivo que incluye una devaluación de más del 50 por ciento del peso [moneda local] y la eliminación de subsidios al transporte y a la energía, medidas que han impactado con fuerza en la opinión pública.

“Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social. Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”, ha denunciado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más importantes del país sudamericano.

Milei anuncia duras sanciones para manifestantes en Argentina

El nuevo Gobierno ultraderechista argentino advirtió de imponer “sanciones severas” contra personas que participen en las protestas y corten el tráfico.

Según el CELS, “las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías. Todo esto está prohibido por el derecho internacional, (…) cortar las calles no es delito”, agrega el centro.

También considera que resulta “grave” enviar un mensaje político que refuerza el poder de las fuerzas policiales, pues cuando se habilitó la represión en el pasado, “el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles”.

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno argentino en materia de seguridad contemplan un programa que endurece las medidas contra las manifestaciones, faculta a todas las fuerzas de s eguridad federales a actuar contra los bloqueos de calles, sin necesidad de una orden judicial, y penaliza a los “autores, cómplices e instigadores” de las protestas.

Respeto a la Constitución

La asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo ha expresado también su preocupación por el nuevo protocolo de seguridad anunciado por el Gobierno y ha demandado el respeto a la Constitución.

En un comunicado, las Abuelas se han sumado a las organizaciones sociales y sindicatos que expresaron su alarma y han afirmado que el anuncio de Bullrich “no respeta derechos elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales para los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno”.

“La protesta social es un derecho, pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes. Las peores tragedias de nuestra historia llegaron de la mano de las políticas represivas”, han advertido.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, ha insistido en que el “protocolo de orden público” viola el derecho a la protesta social que está reconocido en la Carta Magna. “Repudiamos este avance represivo, la protesta pacífica no requiere autorización alguna”, ha indicado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien ha ratificado la marcha que realizarán el próximo miércoles a la Plaza de Mayo para recordar el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocó la renuncia del fallecido expresidente Fernando de la Rúa.