Otro con la misma canción: Antauro Humala a favor de salir del Pacto San José: amenaza con fusilar a expresidentes Toledo, PPK y Humala

Líder etnocacerista brindó una entrevista sobre su candidatura presidencial. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Europa Press / Presidencia del Perú / LP / Andina

Ante la sorpresa de diversos ciudadanos, elJurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), liderado por Antauro Humala. El condenado por el caso ‘Andahuaylazo’, que dejó cuatro policías muertos, adelantó algunas de las decisiones que tomaría de ganar la Presidencia.

En entrevista con La República, anunció que fomentará la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, el cual “prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados integrantes”.

Asimismo, se mostró a favor de ‘fusilar’ a exmandatarios. Aunque no precisó si sería a todos, nombró a aquellos ex jefes de Estado que se encuentran siendo investigados por casos de corrupción.

“Vamos a salir porque tenemos que fusilar a expresidentes en el Perú, moralizar a la sociedad. Antes de defender los derechos humanos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala (su hermano), yo prefiero defender los derechos humanos del pueblo peruano, los principales damnificados”, declaró al medio mencionado.

Convención Americana de Derechos Humanos. | Andina

¿Qué es el Pacto San José?

El Pacto San José, del que Perú forma parte tras su ratificación en julio de 1978, es considerado como el tratado más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos entre los países de la región.

Además de Perú, la también Convención Americana de DD.HH. está integrada por Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

La Organización de Estados Americanos (OEA) está a cargo de la administración y vela por el cumplimiento a través de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

CIDH y Corte IDH son organismos distintos. | Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Cuáles son las diferencias entre la CIDH y Corte IDH?

Si bien ambos órganos promueven la defensa de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tienen caminos y atribuciones diferentes.

Mientras la Comisión es un órgano no jurisdiccional, es decir, sus resoluciones no son vinculantes y necesitan de la voluntad política de los Estados para implementarse y alcanzar sus objetivos, la Corte es una instancia jurisdiccional autónoma cuyas decisiones son obligatorias.

“Para ser gráficos podemos decir que entre la Comisión y la Corte hay la misma relación que hay entre el fiscal y el juez; si el primero acusa, el segundo juzga”, resume un artículo de Pasión por el Derecho (LP).

En ese sentido, la CIDH se encarga de recibir, analizar e investigar peticiones donde se denuncian violaciones de derechos, mientras que la Corte IDH la que juzga los casos que la Comisión le trae.

Son 23 los países que forman parte del Pacto de San José. | CIDH

¿Qué países salieron del pacto de San José?

Desde su creación, solo dos países salieron del Pacto de San José: Trinidad y Tobago, y Venezuela, por lo que, de ganar la Presidencia Antauro Humala y cumplir con su cometido, el Perú se convertiría en la tercera nación en hacerlo.

Mientras el primero de ellos denunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 26 de mayo de 1998, el segundo lo hizo el 10 de setiembre del 2012. Ambos abandonaron el sistema interamericano un año después de haber presentado sus denuncias.

Cabe mencionar que, de acuerdo al documento, el ya no ser parte del organismo no significa que el Estado se desligue “de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.