Es el segundo Estado que acuerda no permitir al republicano participar en las primarias presidenciales por el ataque al Capitolio. Míchigan decidió el miércoles que sí podía hacerlo
Y Maine dijo no. La secretaria de Estado de ese territorio del Noreste del país, Shenna Bellows, decidió este jueves que Donald Trump no puede presentarse a las primarias en ese Estado. Bellows interpreta que la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que incorpora una cláusula de “inhabilitación” para quien haya participado en una “rebelión o insurrección”, se lo impide.
La decisión llega después de que la semana pasada el Supremo de Colorado decidiera que el expresidente tampoco está autorizado a presentarse allí a las primarias. El alto tribunal de Míchigan, uno de os Estados más disputados, decidió, por su parte, este miércoles que sí podía hacerlo. Otros cinco, entre ellos, Arizona, Florida o Nuevo Hampshire, han rechazado demandas similares que buscan descalificar a Trump en su aspiración de regresar a la Casa Blanca en noviembre de 2024.
La última palabra sobre su idoneidad o no para presentarse a las elecciones la tendrá el Tribunal Supremo de Washington. La decisión que tome la más alta instancia judicial del país, de mayoría conservadora y con tres magistrados nombrados por Trump, tendrá efecto sobre los 50 Estados.
Bellows, que es demócrata, justificó por escrito su resolución apelando al papel de Trumpn el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. “Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial el acceso a las urnas basándose en la sección tercera de la decimocuarta enmienda. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección”, argumentó Bellows en un documento de 34 páginas en el que sentencia: “La Constitución de Estados Unidos no tolera un ataque a los cimientos de nuestro gobierno”.
La Constitución pone como condiciones para aspirar a la presidencia ser ciudadano estadounidense, tener más de 35 años y haber residido en el país durante los últimos 14. No se lo prohíbe expresamente a un investigado por un delito federal (ni siquiera si, como en el caso de Trump, se enfrenta a 91 cargos, en cuatro casos separados). Tampoco quedaría eliminado de la carrera si lo declararan culpable o incluso si acabara en la cárcel.
La decimocuarta enmienda se aprobó en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil. Sancionó la igualdad de todas las personas ante la ley y otorgó la ciudadanía a los esclavos. Su sección tercera se pensó para evitar que los sublevados de la Confederación volvieran a desempeñar un cargo público. Se ha aplicado en contadas ocasiones; solo dos desde 1919.
La cláusula, que se ha colocado en el centro de un agrio debate político-jurídico en esta recta final del año, dice: “Ninguna persona podrá ser senador o congresista, elector del presidente o vicepresidente, o desempeñar cualquier puesto civil o militar, si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”.
Tanto el Supremo de Colorado como la secretaria de Estado de Maine consideran que lo que Trump hizo tanto en los meses previos como en el 6 de enero de 2021, día en que convocó una manifestación en Washington que acabó en un ataque al Capitolio, es un acto de insurrección y que el discurso con el que aquel día enardeció a las masas no está protegido por la primera enmienda, la que garantiza la libertad de expresión.
Ambos también entienden que cabe aplicar esa prohibición al cargo de presidente. Y ese es otro de los extremos del texto constitucional abiertos a interpretación: los abogados de Trump defienden que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y que su juramento de “preservar, proteger y defender la Constitución” no es lo mismo que el de apoyarla que describe la decimocuarta enmienda.
La decisión del Supremo de Míchigan no entraba en el asunto, y se limitaba a decir: “No estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal”.
El equipo legal del magnate tiene cinco días para recurrir ante un tribunal superior de Maine la decisión de Bellows, que ha definido como “atroz”.
Las primarias de Maine, un Estado que tiende a votar demócrata, forman parte de la gran cita conocida como el súpermartes, que se celebrará el próximo 5 de marzo. Es el día decisivo para escoger candidato en ambos partidos, dado que coinciden las votaciones en un gran número de estados. Trump domina con comodidad la carrera por la designación republicana, donde nadie, ni Nikki Haley ni Ron DeSantis, los dos candidatos mejor colocados, parece capaz de hacerle sombra.
Dado el particular sistema de Maine, que permite dividir los votos electorales, el magnate se llevó uno de este Estado en las elecciones de 2016 y 2020. Para ser presidente de Estados Unidos es necesarios obtener 270 de esos votos.
