Guatemala se alista para la investidura presidencial del domingo 14 de enero que desde hace meses afronta incertidumbres. Este viernes 12 de enero la Unión Europea aprobó el marco legal que le permitirá sancionar a aquellos funcionarios que bloqueen el cambio de mando. Desde que ganó las elecciones del pasado agosto, Arévalo y su bancada política, el Movimiento Semilla, han enfrentado continuas acusaciones de los fiscales que buscan anular los resultados electorales y al partido del líder político.
Bernardo Arévalo se dispone a juramentar como el nuevo presidente de los guatemaltecos en medio de un clima de tensión.
El líder político que ganó con holgura los comicios del pasado agosto asumirá el cargo el próximo domingo 14 de enero, en medio de la continua ofensiva desde el poder judicial que ha intentado frenar su llegada al Ejecutivo.
En medio de una arraigada corrupción y lo que muchos denuncian como un intento de las altas esferas del poder en Guatemala para frenar la irrupción de un dirigente fuera de la élite política que ha gobernado al país durante años, la Unión Europea toma medidas.
Este viernes 12 de enero, Bruselas aprobó el marco legal con el que podrá imponer sanciones a los funcionarios y entidades que bloqueen el traspaso de mando.
“La UE mantiene su firme e inequívoco apoyo a la democracia en Guatemala. La adopción de este marco (legal) es parte de este compromiso. Demuestra que estamos con el pueblo de Guatemala y contra quienes están socavando la democracia del país”, señaló en una nota el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien asistirá a la toma de posesión de Arévalo.
Las medidas abarcan la prohibición de entrada a la UE de los individuos y empresas que entorpezcan el proceso democrático en la nación centroamericana, así como la congelación de los bienes y activos que tengan en el bloque de 27 países.
El pronunciamiento desde suelo europeo llega luego de que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, enfrentara la posibilidad de una orden de captura por parte del Ministerio Público que le habría impedido posesionarse el próximo domingo.
La Fiscalía del país había acusado a Herrera, el pasado noviembre, de supuestamente incitar las protestas, ocurridas en la Universidad de San Carlos en 2022.
Sin embargo, el jueves 11 de enero, la Corte de Constitucionalidad, en respuesta a una petición de amparo de Herrera, concedió una orden de amparo en la que ratifica que cuenta con inmunidad y advierte que no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
La medida representa un alivio para lo que será la Administración de Arévalo, pero no es el único y, probablemente no el último, desafío legal que el nuevo Gobierno enfrentará.
Crónica de un torbellino judicial y político
Pese a que se desempeñó como diputado desde 2020, el ascenso de Arévalo a la Presidencia resultó sorpresivo desde la primera vuelta de los comicios, y aún más cuando finalmente se impuso ante la candidata de la política tradicional y ex primera dama, Sandra Torres, el pasado 20 de agosto.
Pero desde el 25 de junio, cuando obtuvo su paso al balotaje, el poderío judicial activó una serie de medidas para frenar su carrera hacia la Presidencia. Entre ellas están los intentos por inhabilitar al partido con el que Arévalo llegó a las urnas, el Movimiento Semilla, lo que llevó al líder socialdemócrata a calificar las acciones como “un golpe de Estado técnico”.
Entonces, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público de Guatemala Rafael Curruchiche –también sancionado por Washington desde febrero de 2023 por “obstruir investigaciones de actos de corrupción”– pidió la suspensión del Movimiento Semilla.
Según el fiscal, entre las miles de firmas de afiliados del partido presuntamente figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde. Un supuesto fraude para alcanzar el número de afiliados necesarios para registrar el partido.
Además, señaló que otros 613 nombres son “inexistentes, inventados” y 184 identidades habrían sido duplicadas, por lo que indicó que halló 1.224 irregularidades en total.
El 12 de julio, el juez Freddy Orellana solicitó la suspensión del partido político. Sin embargo, en ese momento la Corte de Constitucionalidad de Guatemala amparó a la bancada política y bloqueó la controvertida sanción.
Aunque finalmente Arévalo llegó a la contienda, la conflictiva situación estuvo lejos de terminar.
El 17 de agosto, a tan solo tres días de la segunda vuelta electoral, Curruchiche, advirtió que no descartaba allanamientos y órdenes de captura contra dirigentes del Movimiento Semilla, después de la segunda ronda de votaciones, algo que ha ido cumpliendo en los últimos meses.
El pasado 30 de septiembre, en medio de empujones e insultos, miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala sacaron de la sede del Tribunal Electoral las actas de las elecciones presidenciales de este año.
Pese a que magistrados y otros trabajadores del ente electoral hicieron una valla humana, mientras se posaban en la entrada del edificio para tratar de impedir lo que calificaron como el “secuestro” de los documentos, todos sus esfuerzos resultaron infructuosos, tras un allanamiento que duró más de 20 horas.
Pese a los esfuerzos de Arévalo y su círculo político por esquivar los obstáculos, las amenazas de algunos funcionarios no se detienen. Esta semana, el juez Orellana pidió al Tribunal Supremo Electoral del país cumplir de forma “inmediata” la orden de suspensión del Movimiento Semilla. Ese magistrado insiste en suspender la personalidad jurídica de la formación del mandatario electo por presuntas irregularidades al momento de constituirse.
Arévalo ha prometido una lucha frontal contra la corrupción endémica de su país, mientras paralelamente intenta mantener a flote su propia gobernabilidad.
