Cuellos Blancos: audios revelan que equipo fiscal armó plan contra Harvey Colchado y confirman investigación secreta contra periodistas
Los audios fueron grabados en diciembre de 2023 y tienen como protagonistas a la fiscal superior Magaly Quiroz, coordinadora del equipo Cuellos Blancos, y el fiscal provincial Cristhian Alfaro
Tres audios difundidos este domingo por Cuarto Poder revelan que el equipo especial de la Fiscalía que investiga a ‘Los cuellos blancos del Puerto’, una red de corrupción en la Judicatura, buscaba incorporar testigos cuestionados contra el coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Los registros también confirman la existencia de una investigación secreta contra los periodistas Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, y César Romero, editor de la sección judicial de La República, a quienes se dispuso vigilar sus movimientos e interceptar sus llamadas telefónicas.
Los protagonistas de las escuchas son la fiscal superior Magaly Quiroz, coordinadora del equipo Cuellos Blancos, y el fiscal provincial Cristhian Alfaro, quien envió al archivo la pesquisa contra los hombres de prensa al advertir que podría “criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información necesaria en una sociedad democrática”, como lo reconocen diversas sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los audios datan del 28 de diciembre de 2023 y fueron grabados en el Ministerio Público con varios testigos presentes. Inicialmente, Quiroz se expresa incómoda porque Alfaro había reportado a su superior, el fiscal Elmer Ríos, que los actos de seguimiento dispuestos por la magistrada carecían de sustento legal.
“¿Qué pasó con la carpeta reservada?”, consulta la coordinadora del equipo Cuellos Blancos en una primera grabación difundida por el dominical. “Estaba, a mi entender, mal acumulada”, replica Alfaro. “Ese es su criterio, ¿pero por qué le mandó a Ríos toda la información, si era reservada?”, sigue Quiroz, a lo que el fiscal contesta: “Si usted tiene algún cuestionamiento sobre mi trabajo, le agradecería que sea por escrito. No me parece […] que me hable de esa manera”.
En el segundo audio, Alfaro confirma que, desde abril hasta noviembre pasado, por orden del fiscal Andy Rodríguez, se realizaron acciones de seguimiento policial y videovigilancia contra los periodistas en medio de la publicación de reportajes que fueron vistos como “ataques”.
Cuarto Poder también accedió a videos de vigilancia realizados por el equipo especial contra Rocío Sánchez, exfiscal del caso Cuellos Blancos, y los subalternos del coronel Colchado, contra quien se pretendía ‘sembrar’ pruebas y testigos. De esto último trata el tercer audio.
“Cuando me reuní con personal policial, me dijeron que querían que haya un testigo protegido, un policía, y que este policía, para empezar, tenía denuncias contra Colchado. […] También me dijeron que este caso no era contra los policías, que eran todos suboficiales subalternos, sino lo que al final lo que querían hacer era llegar a Colchado”, menciona Alfaro.
“No es un estado policíaco”
Su interlocutora insiste en que la investigación pudo llegar a “buen término”, a lo que él cuestiona: “¿Cómo afecto la intimidad de las personas que tienen una videovigilancia encima? Este no es un estado policíaco para estar espiando a la gente y después estar archivando en secreto los casos”.
El magistrado fue removido el último viernes y designado en la Tercera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado, según una resolución publicada en el diario El Peruano. El cambio ocurre a un mes del arresto de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El exfuncionario, detenido por el equipo que lidera Colchado y el Eficcop, se acogió a la colaboración eficaz al quedar incurso en una investigación contra la corrupción “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público”, un caso que también involucra a Benavides, sindicada como presunta lideresa de la red criminal.
Esa organización, según la tesis fiscal, influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” para destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, designar al actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitar a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.