El exgerente General de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, deberá abandonar el Penal Miguel Castro Castro luego que el juez constitucional John Paredes Salas ordenó su inmediata libertad.

El magistrado anuló tanto el mandato de prisión preventiva por 24 meses que el juez Manuel Chuyo Zavaleta impuso a Hugo Chávez Arévalo en abril del 2023, como la confirmatoria de esta medida por parte de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima en mayo del año pasado.

El titular del Tercer Juzgado Constitucional de Lima adoptó esta medida al declarar fundada “en parte” una demanda de habeas corpus presentada por Hugo Chávez Arévalo en la que alega una vulneración de su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal.

El juez Paredes Salas determinó que en este caso no se cumplió con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, al haberse inobservado los presupuestos materiales de la prisión preventiva, toda vez que en sus fundamentos no han expresado una suficiente motivación de los “fundados y graves elementos de convicción” que vincula al imputado para estimar razonablemente la comisión de cada uno de los delitos atribuidos.

Por ello, el magistrado ordenó que se emita una nueva resolución judicial respecto al requerimiento que hizo el Ministerio Público para que se imponga 36 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de combustible Biodiesel B 100, caso conocido como “Petroperú”.

El juez Paredes Salas remarcó en su resolución que de ser necesario se debe considerar el uso de las reglas de la comparecencia con restricciones. Esto con el objetivo de asegurar la presencia de exgerente General de Petroperú mientras se define su situación legal en esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de Colusión Agravada en Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Lavado de Activos, en perjuicio del Estado.

El magistrado también ordena al Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima comunicar a su despacho la orden de libertad del beneficiario “inmediatamente” después de dictaminada la misma.