El presidente de la Argentina, Javier Milei, destacó recientemente que “la inflación empezó a bajar”, en un mensaje al público reunido en un teatro. En medio de un contexto económico complicado, el caso se asemeja a otros episodios reflejados en América Latina, donde al aumento de precios en bienes y servicios se suma a una economía apagada.
El lunes pasado, miles de personas formaron una larga fila en el Ministerio de Capital Humano en respuesta a la jefa de ese despacho, Sandra Pettovello, quien había asegurado que atendería “uno por uno a la gente que tiene hambre”.
El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente a diciembre pasado, mostró un aumento de los precios al consumidor del 25,5 %, casi el doble del promedio mensual de noviembre (12,8 %).
Aunque el Indec no ha publicado el reporte de enero, y tampoco se prevé un descenso drástico en el índice mensual, el Ejecutivo confía en la disminución progresiva. Para la población esa es su principal aspiración.
No obstante, algunos ejemplos en Latinoamérica muestran una cara dispar por la necesidad de acompañar el declive de la inflación con otras políticas, que le permitan a todos los sectores de la sociedad acceder a los bienes.
¿Perú como espejo?
Desde que Milei venció en las urnas con sus promesas electorales de choque, no pocas personas tuvieron un salto a los 90, cuando Alberto Fujimori gobernó Perú precisamente con la misma política y sin apoyo legislativo, en un país que vivía una hiperinflación voraz.
Más de 20 años después la nación andina presenta una tasa de inflación relativamente baja en comparación con la registrada en el período de Fujimori, de 3,2 % en su índice anual, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, la economía peruana está en recesión.
El sistema implantado por Fujimori equilibró las finanzas, permitió al Perú crecer año a año, pero provocó un distanciamiento entre Lima y las provincias. La desigualdad se remarcó, desde los ingresos y posibilidades de surgimiento, hasta el acceso a los servicios básicos, como el agua, e incluso a derechos inalienables, como una educación de calidad.
En 2023, el primer año de mandato de Dina Boluarte, esta circunstancia se mantuvo y se le adhirió un desplome tanto en la inversión como en el consumo privado.
En su panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2023-2025, el BCRP alertó sobre “la contracción de la inversión privada y de los gobiernos subnacionales y una desaceleración pronunciada del consumo privado“.
A finales del año anterior, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, admitió que 2023 fue “uno de los peores años, por la presencia de tantos ‘shocks’ de distinta naturaleza”, pero mencionó “condiciones importantes para una recuperación en 2024”.
Pese a la diminuta inflación, las autoridades han reconocido en varias ocasiones el aumento de la cantidad de pobres. El Instituto Nacional de Estadística e Informática situó el año pasado el incremento en 1,6 %, tras registrar una pobreza monetaria de 27,5 % de la población (casi 10 millones de personas).
El caso de Chile
En diciembre pasado, el Banco Central de Chile informó que la inflación retrocedió acorde a lo previsto e incluso proyectó que “a un horizonte de dos años” se ubique en 3 %.
“Se estima que el PIB chileno cerrará este año con nulo crecimiento, y rangos de expansión para 2024 y 2025 de 1,25-2,25 % y 2-3 %, respectivamente”, indicó la institución monetaria.
Inclusive organismos internacionales consideraron una pequeña alza en la pobreza y nula mejoría en la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini.
Desde finales del siglo XX, cuando el dictador Augusto Pinochet (1974-1990) implantó un modelo neoliberal, las privatizaciones le permitieron a Chile mejorar su estatus financiero, pero acrecentaron las diferencias salariales. Una realidad que llevó a miles de personas a tomar las calles en protesta.
El estallido social de 2019 estuvo marcado, entre otras cosas, por el deseo colectivo de tener una nueva Constitución que funde un Estado social de derecho, en el cual se promuevan políticas públicas para que haya más oportunidades. Era el pedido de grandes mayorías, en contraposición a las élites surgidas bajo el amparo de la economía ideada por el icónico economista Milton Friedman.
“Si bien el país ha logrado reducir enormemente la pobreza en las últimas cuatro décadas, aún tiene un gran pendiente: la desigualdad de ingresos“, enunció la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor de su Escuela de Gobierno, Osvaldo Larragaña, propuso hace poco enfocarse en la acción distributiva.
En promedio, el 50 % más pobre de la nación austral recibe apenas el 7,9 % de los ingresos de la sociedad. Una brecha social insoslayable que todavía mella en la psiquis del chileno.
El presidente Gabriel Boric ha tratado de entablar diálogos con la oposición, hasta ahora sin éxito, para sacar adelante sus grandes reformas, entre ellas la tributaria, el “pacto fiscal” que el líder progresista considera fundamental para su programa de gobierno.
Contrario a su antecesor, el recientemente fallecido Sebastián Piñera, el joven mandatario busca una redistribución de la riqueza que permita achicar las grandes diferencias históricas y pretende hacerlo a través de los impuestos, de manera que las fortunas más ricas contribuyan a ensanchar la equidad nacional.
Visión general
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisa que “los salarios reales se benefician de la menor inflación”, pero alertó que “la capacidad adquisitiva del salario sigue deteriorándose en varios países de la región”.
En su ‘Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023’, observó una reducción en la inflación a nivel regional que promovió un alza de los salarios mínimos en términos reales en 12 de las 20 economías sobre las que se cuenta con información.
No obstante, en otras economías de la región, los salarios mínimos reales se contrajeron, y se registraron caídas de más del 5 % en El Salvador, Haití y Trinidad y Tobago, puntualizó la Cepal.
“Es fundamental para las economías de la región sentar las bases de un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas (…). Esto requerirá el aumento tanto del nivel de recaudación tributaria como de su progresividad y capacidad de reducir las desigualdades de ingreso y riqueza“, dijo.
Incluso en Colombia, donde la inflación cayó a un dígito (8,35 %) en enero cuando hace un año estaba en 13,25 %, el mandatario Gustavo Petro reconoció que se trata de “uno de los más países más desiguales del mundo”.
“De donde hay riqueza hay que llevar a donde hay pobreza, no que se mueran los pobres. Esa es otra manera de pensar a través de todos los modelos de la distribución, de los presupuestos, de los ingresos y de las riquezas”, señaló el pasado viernes en un evento con gobernadores.
“No es una devaluación clásica”
Argentina, una nación históricamente afectada por la subida de precios, tiene por primera vez un jefe de Estado libertario.
Ariel García, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, aseveró que el aumento de 25 % “se va a seguir trasladando a precios en el mes de febrero, porque no es simplemente una devaluación clásica de América Latina“.
“No es elevación de precio del valor del dólar en relación a la moneda nacional, sino que las empresas, transportes y servicios pueden aumentar por encima de la inflación porque no hay una regulación, no hay coordinación económica“, afirmó a RT.
Como ya ha sucedido en países dolarizados, como Ecuador y El Salvador, indicó que con una demanda débil y una disminución en las ventas minoristas, que incluyen alimentos básicos, la caída en el poder adquisitivo es inevitable.
“No es que la gente quiera consumir menos o esté a dieta, es que no puede comprar los alimentos, algo básico y no hay medidas compensatorias. Simplemente se duplicó el valor de una tarjeta alimentaria para los sectores más vulnerables, solamente eso”, lamentó García.
El experto se refirió a la Tarjeta Alimentar, instrumento que entrega el Estado argentino para la canasta básica, que desde enero de 2024 se estableció en 44.000 pesos (alrededor de 55 dólares).
Entretanto, Milei evalúa la posibilidad de convocar a un plebiscito luego de que la Cámara de Diputados revertiera lo avanzado en el debate de la ‘ley ómnibus’, uno de sus principales proyectos para desregular la economía argentina y facilitar las privatizaciones.
“La casta festejó…hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno”, recriminó el mandatario, quien está obligado a buscar consensos en el Congreso para procurar el avance de sus políticas.
